Penosamente, la percepción de los ciudadanos es que el actual Congreso no sirve, que gasta mucho y hace poco, que la función de representación más es para el turismo que para conocer el clamor popular. A ello se agrega que la tarea fiscalizadora es deficiente, que no saben investigar ni menos interrogar, y que en muy poquísimas ocasiones llegan al objetivo de la investigación que es encontrar la verdad, y si hay ilícitos de carácter penal denunciarlo al Ministerio Público.
La ciudadanía observa que en las investigaciones parlamentarias, por lo general, encumbran a los congresistas comisionados, que hasta ponen en peligro su eficacia y el carácter reservado con tal de salir en la prensa, compitiendo con cuanto programa farandulero existe.
Y, para colmo, la labor legislativa es también defectuosa pues lejos de debatir y sancionar leyes importantes que merezcan la pena y solucionen problemas, nos toman el pelo con leyes como la del emolientero, cuando no con la ley del cóndor o con normas meramente declarativas y no mandatorias.
Se ha llegado a la triste situación que desde el Poder Ejecutivo se reclama al Congreso el debate de proposiciones formuladas desde hace dos años, para enfrentar a la delincuencia. El Ministro del Interior, con el énfasis propio de su estilo, ha sido claro en tal exigencia.
Adicionalmente se cuestiona al Congreso su actitud dispendiosa con los recursos del Estado, que salen de nuestros impuestos. Tiene personal excesivo que ha ido aumentando con cada cambio de junta directiva, y lo que es peor, se ha convertido prácticamente en una isla dentro de la administración pública por los beneficios que otorga. Por otro lado ha sido escandaloso que haya gastado cerca de siete millones de nuevos soles para bonificaciones por Navidad, no solo al personal administrativo sino a los parlamentarios, como si sus remuneraciones no fueren suficientes.
Mientras el resto del personal de la administración pública tiene un diminuto aguinaldo, aunque incrementado el último fin de año, en el Congreso hay sueldo completo como gratificación de medio y de fin de año, y ello ahora bonificado adicionalmente, lo cual cuestionan el resto de trabajadores.
Como cereza en torta, el Congreso aludido, al aprobar la Ley de Presupuesto, autorizó que los viajes oficiales al exterior de funcionarios públicos, puedan efectuarse en clase ejecutiva y no en la económica como el resto de mortales o cuando viajan privadamente con “la suya”.
Sin percatarse de la mala imagen que tienen por lo general los congresistas, están propiciando que el Estado solvente a los partidos políticos, bajo el pretexto que la democracia cuesta. Claro que cuesta, pero el costo partidario lo deben asumir los militantes y no todos los contribuyentes, salvo que sobren recursos públicos, y ello no es cierto. Basta visitar la emergencia de cualquier centro de salud estatal para corroborar carencias de todo. Lo mismo sucede en muchas escuelas en que los niños asisten a aulas sin las más elementales facilidades para el aprendizaje.
Los funcionarios deben ser austeros con los recursos estatales y protegerlos como si fueran propios, y con ello evitarán mayor desprestigio, y no se quejen cuando la ciudadanía expresa su indignación.