Cambio de actitud a las postrimerias del mandato, es lo que está exhibiendo la gestión “humalista”, de dubitativo negociador en el caso de Conga, al dispuesto a imponer a sangre y fuego el proyecto minero de Tía María, de la mexicana Southern Copper. Es obvio que al interior del gobierno se han impuesto las voces que sostienen que de no hacerlo de esta manera significaría una desaceleración adicional al magro crecimiento económico que se tiene actualmente; hecho verdadero pues este nuevo referente signara la inversión minera en el Peru; aunque nadie manifiesta idea alguna sobre las relaciones futuras de la empresa con los pobladores de la zona.
Los enfrentamientos entre opositores a las industrias extractivas y aparato estatal es de vieja data, lo han vivido Alan García y Alejandro Toledo, sin que hayan podido encontrar una salida, siempre la huida gubernamental fue la decisión final, aunque ahora den recomendaciones en el presente. El origen tiene una mezcla de: mal comportamiento de las empresas, complicidad estatal por no multarlas ejemplarmente, indignación ciudadana por lo vivido, reclamo legítimo de grupos organizados y aprovechamiento político de grupos radicales. Lo importante ahora es como manejarse en el futuro.
Tía María, dejará un mal legado desde el punto de vista político electoral para Ollanta Humala, el incumplimiento de la palabra de campaña,donde prometía que haría respetar la decisión de los pobladores, para mostrar ahora una arremetida represiva, será recordada en toda la macroregion sur, importante bastión en cualquier elección. Los que aspiran sucederlo tendrán la dura tarea de reconciliación del gobierno con su pueblo. Eso significará comportamiento ejemplar pero justo con las empresas del sector extractivo y un despliegue intenso de programas sociales y obras de infraestructura en las zonas que son materia de disputa. Cumplir este ofrecimiento no es nada fácil, cuando el estado sanciona las empresas judicializan la sanción y todo queda en nada. De otro lado, los eternos celadores de la caja fiscal que residen hace cerca de 25 años en el despacho del jiron Junín, difícilmente dan y darán una aprobación cuando de destinar recursos para cumplir con el rol del estado en lugares remotos se trata.