Responsabilidad gubernamental ante internacionalización de las denuncias

Una realidad concurrente en los países latinoamericanos es la carencia de infraestructura y las limitaciones presupuestadas de los gobiernos para cubrirla con recursos de sus arcas estatales. Esto los lleva inexorablemente a tener que otorgar en concesión: carreteras, puertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica, transporte público y ductos para el transporte de hidrocarburos.

Los servicios referidos son otorgados en procesos de competencia y es responsabilidad de la administración gubernamental de turno que culminen exitosamente; es decir que se otorguen correctamente, que las obras se culminen en las fechas prometidas y que sean operadas a satisfacción del ciudadano. El no actuar debidamente deviene en la obra inconclusa donde todos pierden: el Estado por no poder brindar un servicio, el ciudadano por no disponerlo y el concesionario porque no cumple su expectativa de rentar con la operación.

El análisis de este tema es imprescindible, pues hoy que no hay fronteras ni secretos de conocimiento en tiempo real de los hechos ocurridos en cualquier lugar del planeta; la denuncia de un hecho delictivo, o de un affaire o de cualquier indicio de irregularidad que merece investigarse, es conocido inmediatamente y en el mundo de las empresas que intervienen en concesiones, haya un despliegue mediático inusitado, por supuesto que alentado por los competidores.

La responsabilidad de las autoridades gubernamentales es actuar con apego al derecho y la racionalidad. La ocurrencia de un hecho en un lugar no tiene porque importarse necesariamente, lo que no siempre es posible en funcionarios asustadizos del “bullying” mediático que siempre existe en estos casos.

Hoy, principalmente en los países de la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile, hay múltiples empresas provenientes de Corea del Sur, China, Italia, España, Portugal, Brasil, Colombia y Perú disputándose concesiones. Más de una de ellas son sujeto de denuncias en los diferentes países donde operan. Mientras los casos no sean cosa juzgada y verificada que la falta en un lugar transgreda las leyes en otro, los países no pueden darse el lujo de parar obras ya otorgadas por más presión pública que exista.