Geolocalización herramienta negada para un gobierno geodesubicado

Siguiendo una tradición legislativa de publicar normas controvertidas en días festivos, el “humalismo” publicó el pasado 27 de julio la llamada Ley de Geolocalización (DL 1182), que permite a la Policía Nacional obligar a las concesionarias de servicios de telecomunicaciones móviles a que reporten datos de localización de equipos móviles de determinados usuarios, dice la norma que correspondería a personas que se encuentren en flagrancia de delito.

El contexto en el que se publica la norma parece ser el más apropiado para darle al gobierno la facultad de acceder a información supuestamente de solo delincuentes; pues hoy la extorsión, el secuestro, el sicariato, el atentado y el asalto a mano armado son el principal componente del menú noticioso cotidiano. El problema radica en otorgar tamaña herramienta a un gobierno cuyas características son: pésimo gestor, poco transparente y vocacionalmente autoritario.

Es incuestionable técnicamente que con la geolocalización las puertas de la privacidad se abren de par en par. No se puede otorgar esa facultad al gobierno, cuyo desempeño en el manejo del estado está signado por la incompetencia, la mejor muestra es haber llegado a este nivel de inseguridad ciudadana. Pero no solo es eso, sino que la transparencia es algo que no les gusta, ¿no se acuerda el promotor de esta norma, el hoy Ministro Pérez Guadalupe, que cuando era jefe del Instituto Nacional Penitenciario, dejó una estela de dudas sobre el tratamiento penitenciario al hermano del señor Ollanta Humala, Antauro? Además la vocación autoritaria, le brota por los poros: el precandidato presidencial del partido de gobierno, el exMinistro del Interior Urresti, con su prepotencia, es una muestra. También lo son los intentos, felizmente fallidos, por amordazar procuradores que no son obsecuentes al régimen; caso de las señoras Vilcatoma y Príncipe. Asimismo lo es el ánimo de controlar el Ministerio Público a través del primo de la señora Nadine Heredia, el hoy defenestrado exFiscal de la Nación, Ramos Heredia.

Con un gobierno con esos antecedentes y en vísperas de una campaña electoral, donde las acusaciones serán el tema preferente, no se debe permitir que este decreto legislativo prospere.