Viernes 26 de julio 2024 | Contáctenos
Restablecer la competencia de la Sala Penal Nacional para investigar delitos graves contra la administración pública (colusión, peculado y negociación incompatible) y eliminar el nuevo requisito de que sean cometidos por una organización criminal, demandó el miércoles 2 el Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar.
Según el funcionario, el Poder Judicial ha establecido como requisito que los casos de corrupción complejos, graves y de repercusión nacional sean cometidos por una organización criminal para que la Sala Penal Nacional pueda avocarse a ellos. Eso impide una lucha frontal contra la corrupción en la administración pública y debe ser corregido, dijo el jefe del organismo de control.
Fue en las recomendaciones que formuló al término de la exposición que sobre su gestión en el 2014, hizo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Gustavo Rondón Fudinaga (SN), entre las cuales plantea también que el Poder Ejecutivo traslade a todo el personal de las oficinas de Control Interno (OCI) a la planilla de la Contraloría.
Igualmente, propuso establecer alertas en el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), a fin de detectar movimientos sospechosos en las cuentas de las entidades públicas.
(El SIAF es un sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las entidades del Estado además de permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería de cada entidad.)
En su participación, de alrededor de dos horas, anunció la remisión de sendos proyectos de ley al Congreso de la República, destinados a autorizar a la CGR a sancionar a los gobernadores regionales y alcaldes; intervenir en las instituciones públicas con alto riesgo de corrupción; normar la ejecución de obras por administración directa; realizar auditorías sin restricciones a obras encargadas a organismos internacionales, y emitir opinión previa a las adendas de los contratos de concesión.
Al respecto, dijo que un 70 % de las irregularidades detectadas en la ejecución de obras públicas han sido las que se llevan a cabo por administración directa.
Informó que durante el año pasado se realizaron 132 autorías a igual número de entidades públicas, que causaron daños estimados en 400 millones de soles en los tres niveles de gobierno.
Recordó también que durante su gestión, 560 funcionarios habían sido condenados por diversos delitos contra la administración pública (un 40% de ellos por peculado, un 24 % por colusión y 10 % por negociación incompatible). Sin embargo, añadió, solo 33 de ellos cumplieron condena efectiva, y los 527 restantes recibieron sentencias con penas suspendidas.
Centro comercial Gamarra
Al inicio de la sesión, Rondón Fudinaga adelantó que la difícil situación económica por la que atraviesan los pequeños y medianos empresarios del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, como consecuencia de la desleal competencia de mercadería proveniente de China que se vende a muy bajos precios, será analizada por la Comisión que él preside.
El tema será tratado en la sesión extraordinaria convocada para el lunes 7, a la cual ha sido invitado el titular de la SUNAT, a quien se pedirá que explique el tratamiento tributario que se aplica a las mercaderías que se expenden en Gamarra, y a las que se importan de China.
De igual forma, y a pedido de varios congresistas, se invitará a representantes de los comerciantes victorianos para que expliquen su situación; y al titular de INDECOPI, para que detalle qué acciones ha emprendido para combatir la competencia desleal en este caso.
Comisiones permanentes
Asimismo, con el voto unánime de sus integrantes, la Comisión aprobó la conformación de tres comisiones permanentes, cada una con cinco integrantes, que se encargarán de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras en los gobiernos regionales y gobiernos locales, y fiscalizar los programas sociales.
El primero de ellos quedó integrado por los legisladores Julio Gagó y Héctor Becerril (FP), Rubén Coa (NGP), Esther Saavedra (DyD) y Mauricio Mulder (CP). Ellos se encargarán de investigador la presunta comisión de irregularidades denunciadas en los gobiernos regionales de Loreto, Huánuco, Lima Provincias, Callao, Huancavelica y Ucayali.
El segundo grupo, que se encargará de fiscalizar a los gobiernos locales, lo conforman Mariano Portugal (UR), Yehude Simon (PP), Juan Díaz Dios (FP), Ana Jara (NGP) y Yonhy Lescano (AP-FA). Su primera tarea será investigar presuntos actos de corrupción cometidos en la Municipalidad Provincial de San Román, Puno, y presuntas irregularidades administrativas e indebido uso de recursos públicos cometidos por el alcalde local.
La tercera comisión permanente, que supervisará los programas sociales, la integran Alejandro Aguinaga y Segundo Tapia (FP), Fredy Otárola y Tomás Zamudio (NGP), y Juan Carlos Eguren (PPC-APP).
Rondón Fudinaga reiteró también la invitación a los integrantes de su grupo de trabajo legislativo a participar en la audiencia pública descentralizada, que se realizará el viernes 11 en la ciudad de Tacna, para recoger testimonios de consejeros regionales sobre presuntos actos de corrupción cometidos en los procesos de compra-venta de terrenos eriazos, en la construcción de la carretera Tarata-Candarave, y otras presuntas irregularidades denunciadas por los medios locales.
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