El periodismo de chequera

El periodismo de chequera -que significa pagar para obtener una primicia noticiosa- está en el centro del debate dado que la periodista Milagros Leyva, conductora de Canal 4 y Canal N aceptó haber pagado de su bolsillo a Martín Belaunde Lossio por una importante entrevista que le concedió en Bolivia. Sus empleadores han explicado su despido por ese pago como presunta violación profesional a sus principios rectores aunque la ciudadanía sospecha que la inquisidora Milagros era ya demasiado incomoda en momentos en que los inquilinos en Palacio de Gobierno afrontan durísima crisis de credibilidad y proliferan dudas sobre su honestidad electoralmente tan pregonada.

¿Qué es más inmoral: pagar para publicar o pagar para no publicar?

Hay gente dispuesta a exagerar o mentir por dinero. Pero también la hay dispuesta a pagar para acallar o silenciar información. Todo depende de los objetivos superiores que podrían justificar el pago, hablar o callar para destruir o para construir.

Ya no recuerda Canal N que el video Kouri Montesinos, que remeció la política nacional y cambió el destino del país, fue pagado y bien pagado. Y ellos lo difundieron prestando un invalorable servicio a la democracia y a la ética social. Lo podría contar en detalle el actual presidente del Congreso, Luis Iberico, protagonista de esa epopeya por alcanzar información esencial a la ciudadanía. Similar interés podrían tener las revelaciones de MBL sobre la honestidad y la ética de los actuales gobernantes, hay necesidad de saber de dónde obtuvieron el presidente y su esposa los dineros que explican su insólita prosperidad ya que en esa red de financiamiento se podría estar jugando montajes de indeseable corrupción y dependencias políticas y económicas. Bien sabemos que la financiación subordina conciencias.

Walter Oppenheimer abordó el pago por las primicias exclusivas cuando se produjo el escándalo sobre los gastos de los diputados ingleses que reabrió este debate tan viejo como la prensa: las bondades y maldades del periodismo de chequera, de tradición en el Reino Unido. Comprar información es costumbre en los tabloides británicos y la llamada prensa de calidad no se inhibe cuando lo necesita. En España la prensa del corazón o los programas de chismes siempre pagan por exclusivas. La internacional revista Hola, clásico de peluquería, compra desde inocentes bautizos a tormentosos divorcios.

The Daily Telegraph se apuntó un éxito al publicar los gastos de los diputados que los pasan al Estado para mantener una segunda residencia entre Londres y su circunscripción electoral a fin de asistir a las sesiones del Parlamento y atender a sus representados. El escándalo político mediático arrastró a un grupo de políticos, encabezados por Michael Martin, el presidente de la Cámara de los Comunes. Se denunció que el medio pagó por los disquetes con los gastos de los diputados de cinco años atrás.

El periódico defendió su primicia que denunció los constantes cambios en el segundo domicilio de los congresistas para beneficiarse con las ayudas públicas. La apelación al «interés público» de la información fue tan clara que difícilmente algún tribunal hubiera podido condenar al medio de comunicación.

«En principio, no se puede aceptar que la información se compre, pero tampoco puede ser una regla que bloquee informaciones de alto interés público, y los gastos de los parlamentarios británicos lo son», dijo el secretario de la Federación Internacional de Periodistas, Paco Audije. Pagar para proteger una fuente en peligro es otra excepción admitida para poner precio a una información.

El periodismo de chequera en Estados Unidos compite en mala conciencia con el del Reino Unido. Smith explica que la CBS y la CNN mostraron un video en que militantes de Al Qaeda habían envenenado a un perro con gas para hacer una prueba. La CNN negó que hubiera pagado y luego reconoció que abonó 22 mil euros. La CBS dijo que pagó «una cantidad mínima».

Los funcionarios —según Borja Adsuara, profesor de Derecho a la Información— tienen el deber de custodiar los documentos públicos pero «El periodista está obligado a informar, incluso pagando a quien le proporciona determinados datos. La conducta inmoral o delictiva no es del periodista, sino del que filtra los datos. La Policía no debe perseguir al periodista, sino al funcionario». Siempre y cuando esa información ayude a descubrir impostores, aventureros o corruptos.