Márgenes del nuevo gobierno sobre empresas estatales

Cuidado extremo en sus manifestaciones sobre el rol de las empresas estatales en el próximo quinquenio, están teniendo los aspirantes presidenciales; Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Ninguno de los dos se refiere a un control de ellas por parte del capital privado; es obvio, que por más racionalidad económica y financiera que exista, políticamente la privatización está satanizada y se ha convertido en un imposible su realización.

Dentro de las razones que no permiten una mejor gestión en las estatales, dos son las que destacan: severas limitaciones presupuestales y personal con muchos años de servicio que no está en sintonía con las prácticas privadas de mercados competitivos. En ambas, la responsabilidad recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con su satélite, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y su arma, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los presupuestos son llevados al extremo de la supervivencia y no dejan margen para la inversión en infraestructura, servicios y recursos humanos.

Las limitaciones en el manejo presupuestal, más que un tema de recursos, es de naturaleza dogmática: “los funcionarios son dispendiosos”. Desde la Presidencia de la República y el Premierato, debe haber convencimiento que las necesidades insatisfechas son múltiples y que es indispensable invertir para encaminarse hacia soluciones. Esa filosofía transmitida desde el más alto nivel debe llegar al MEF y Fonafe, que en los últimos 26 años han gozado de extraterritorialidad.

Adicionalmente hay necesidad de un cambio generacional en la empleocracia, para ello se necesitan fondos para efectivizar pagos para jubilaciones anticipadas; así conseguiremos un nuevo perfil de empleado; joven, ávido de ascenso y más conectado con la modernidad.

Finalmente, tiene que erradicarse en el funcionario el temor a decidir, esto ocurrirá siempre y cuando exista una Contraloría propositiva en lugar de persecutoria como la es hoy en día; ello significará cambiar sus normas, las que deberán aprobarse en el Congreso.

Como observan la tarea no es nada fácil, pero si no se actúa en este sentido ningún cambio significativo se dará en el aparato empresarial estatal.