Sábado 18 de mayo 2024 | Contáctenos
El uso extensivo del dinero efectivo, que en Perú continúa siendo la forma de pago predominante, es un factor que limita la inclusión financiera, hace posibles eventos de corrupción y aumenta la economía informal en el país, según el estudio “Evaluando el costo social del dinero en efectivo y posibles escenarios de desarrollo para Perú”, realizado por MasterCard.
De acuerdo a los resultados de la investigación, si en un periodo de 4 años los pagos electrónicos en el Perú aumentaran 30%, el Producto Bruto Interno (PBI) crecería 2.4% adicional resultado de la reducción en la evasión tributaria. Así mismo, el aumento de 30% de los pagos electrónicos, disminuiría la economía informal en un 28%.
“Las personas suelen asumir que el uso del dinero en efectivo no tiene costo, pero lo cierto es que si genera una gran carga para la sociedad. Existen costos directos que son fácilmente reconocibles, como lo que vale producir y transportar los billetes y monedas, pero también existen altos costos indirectos que asumen todos los peruanos. La exclusión de millones de peruanos del acceso a servicios financieros es uno de los más importantes. Otro, es la forma en que facilita la evasión tributaria con un impacto en equidad y competitividad país.
El costo del efectivo es un indicador en el aumento de la economía informal. En el Perú casi el 50% de la economía se encuentra en la informalidad. Estamos ante una oportunidad para impulsar la integración de los pagos electrónicos, que pueden ayudar a alcanzar el crecimiento económico, como está ocurriendo exitosamente en otras regiones del mundo”, comentó Fernando Byrne, Gerente de MasterCard Perú.
Para ello, es importante fortalecer las iniciativas para impulsar los pagos electrónicos y en especial evaluar incentivos tributarios, que lleve a que los consumidores prefieran usar medios electrónicos. Esto, permitiría la formalización de la economía y la autoridad tributaria sería más eficaz en su gestión de fiscalización.
La investigación de MasterCard concluye que los gobiernos tienen la capacidad de enfrentar el costo social del efectivo. En ese sentido, países como Colombia, Brasil y México ya vienen realizando inversiones significativas y han alcanzado resultados notables al impulsar los pagos electrónicos.
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