Cerremos el ciclo del Gas Natural en campaña política

La discusión en el terreno político sobre la explotación de los recursos naturales, su transformación primaria y los beneficios al estado, es inevitable en cualquier lugar donde éstos se encuentren, por lo que no debe llamarnos la atención el debate sobre el gas natural (GN) y sus líquidos, existentes en los lotes 88 y 56, conocidos como Camisea y Pagoreni respectivamente. Es una historia con un trajín de larga data, 30 años, donde han intervenido diversos actores políticos, tomándose las decisiones más controvertidas en el quinquenio 2001-2006, durante la gestión de Alejandro Toledo, generándose una polémica que lleva 10 años y que es pertinente culminarla con el gobierno que jefature el estado a partir del próximo 28 de julio.

En la presente carrera presidencial se ha mencionado la necesidad de renegociar los contratos, aludiéndose a la exportación que se hace desde los yacimientos del lote 56, previa licuación en la planta existente en el km 170 de la Carretera Panamericana Sur. La premisa es que las regalías que percibe el estado por enviar el GN a destinos internacionales, representan un perjuicio al fisco. Esta apreciación es errada, si se hace el cálculo en el período que se inicia con la primera exportación en junio del 2010, hasta marzo del presente año; lo recaudado por unidad de energía es 22% mayor que lo que se consiguió en el mercado local. No hay dudas que se puede mejorar, lo cual requiere un complejo manejo de naturaleza financiera y política con varios gobiernos e instituciones crediticias involucradas, donde hay que gestionar con mucha precisión para evitar un problema internacional.

Si hay algo que exigir es el suministro para el mercado interno, el cual ha sido escamoteado por el llamado Consorcio Camisea reiteradas veces: en 2007 para los interesados en petroquímica; en 2009 cuando no querían suministrar a nuevas termoeléctricas que estaban en construcción y desde el 2014 hasta la fecha cuando hay oposición para vender el recurso a las termoeléctricas del Nodo Energético del Sur. Esto sí es inadmisible y se requieren precisiones contractuales. Está claro que de acuerdo a ley el recurso extraído le pertenece al operador, pero no para posiciones caprichosas lesivas al país.