Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
Dos de los temas más utilizados en la recientemente culminada campaña electoral están en manos de decisión del saliente gobierno de Ollanta Humala y que en ambos casos se refieren al financiamiento de megaproyectos: Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT) y el de Mejoras de la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Todo gobierno en ejercicio tiene la facultad de hacer gestión hasta el último día de su mandato, que en este caso se producirá en 50 días; sin embargo sin tener facultades aún, el gobierno electo puede pedirle cuentas, porque heredará en los proyectos mencionados condiciones crediticias que indubitablemente van a ser materia de investigación parlamentaria, dada las huellas que ha dejado en la bancada fujimorista, que tiene mayoría absoluta, los señalamientos de la gobernante de facto, Nadine Heredia; de corrupción, vocación antidemocrática y promotora de narco estado.
Es conocido en el mercado crediticio que para el financiamiento parcial del PMRT se deberían emitir próximamente bonos por 1,000 millones de dólares, lo que requiere que el Ministro de Economía, Alonso Segura, firme una Resolución Ministerial y que el Contralor General de la República, que ya tiene plazo de mandato vencido, emita un informe favorable sobre el particular. Hay un hecho insoslayable, el emprendimiento no se puede detener, significaría una gran complicación política. Hay deuda contraída y desembolsada por 500 millones de dólares; tres mil personas trabajando y un contrato de construcción con penalidades leoninas para la estatal Petroperú.
En el caso del GSP, está pendiente la firma de una adenda del contrato firmado por el estado con el Concesionario por 7,300 millones de dólares hace dos años y que significan flexibilizaciones contractuales respecto al endose de deudas y calificación crediticia de los financistas. Sin ello será imposible que se consiga el crédito para culminar la etapa constructiva valorizada en 4,500 millones de dólares.
La incógnita es: ¿cómo conciliará el gobierno saliente con el electo para que aquel deje firmados los documentos mencionados sin que signifiquen un pesado lastre de suspicacia y de pago de cuentas onerosas a futuro?
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