Domingo 12 de enero 2025 | Contáctenos
Los sucesivos derrames ocurridos en los últimos seis años en el oleoducto norperuano, que deben llevar inexorablemente a su paralización hasta que no haya seguridad absoluta de un funcionamiento sin fallas, ha puesto las miradas en la Amazonía peruana, donde la operación con hidrocarburos ha generado y sigue haciéndolo, un daño ecológico de enormes proporciones. Corresponderá al nuevo gobierno el inmediato cambio de rumbo, pues hoy se opera entre la irresponsabilidad e impunidad, judicializando sanciones y dejando para el olvido las remediaciones y resarcimientos económicos de las comunidades afectadas.
No solo se trata del trillado tema del oleoducto, sino también de la contaminación dejada por la empresa Pluspetrol Norte en el antiguo lote 1-AB, antecesor del hoy denominado lote 192, gestionado por la disminuida empresa Pacific Stratus Energy. También está la remediación pendiente en el lote 8, a cargo de Pluspetrol Norte; operativo en la actualidad y que es el suministrador del 65% de crudo para la Refinería Iquitos. Faltando reportes de lo que se viene registrando en contaminación de suelos y aguas en el lote 67, por la petrolera Perenco. Todo lo reseñado corresponde a la región Loreto. Mientras que sería oportuno que se informe de lo que viene ocurriendo en Huánuco en el lote 131, a cargo de la empresa Cepsa. No, porque tanto Loreto como Ucayali perciban un promedio anual de 57 millones de dólares por concepto de canon y sobrecanon, las autoridades pueden hacerse de la vista gorda.
Como si fuera poco, es conocido por los agentes del sector, aunque no para la mayoría de ciudadanos, que la carga y descarga de crudo y combustibles en embarcaderos fluviales de Pucallpa, Yurimaguas e Iquitos, se realiza de manera precaria, sin mayores seguridades para evitar derrames, y daños a la propiedad de terceros y a las personas. Lo ocurrido el fin de semana pasado con la explosión de un balón de gas licuado de petróleo, en una embarcación, con muertos y desaparecidos es una muestra.
Exigir el cumplimiento normas ambientales y de seguridad, así como el pago de sanciones, requieren el respaldo del nuevo Poder Ejecutivo a los organismos competentes: Senace, Osinergmin y Oefa. No más laxitudes
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