Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
César Gutiérrez, autor de estas líneas
El gobierno de PPK se estrena con una propuesta legislativa para incrementar en dos años adicionales, el plazo de liquidación para empresas en procesos concursales de liquidación en marcha. En buen romance una vocación de salvataje de la empresa Doe Run Perú SRL (DRP). Queda la legítima duda si el interés es por no dejar sin fuente de trabajo a sus 2,280 trabajadores o por favorecer intereses empresariales por partida doble: una voceada empresa china aspirante a comprar los activos y a la corporación propietaria de DRP que ha demandado al estado peruano ante el CIADI, con una pretensión de resarcimiento económico por 800 millones de dólares.
El Premier Fernando Zavala a nombre del Poder Ejecutivo, deberá sustentar ante el Congreso, varias temas que subyacen de la propuesta. Está clarísimo que luego de transcurridos cuatro años de liquidación en marcha, tres empresas administradoras (Right Business, Profit y Dirige) y un banco de inversión (UBS), hay una limitante para la adquisición por un tercero, las exigencias medioambientales que requerirían ser relajadas.
El Ministro Zavala debería decirle a la representación nacional si el siguiente paso será modificar los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles de emisiones, lo cual puede hacerlo el Ejecutivo mediante Decreto Supremo. De ser así, tendrá que exponer lo que representa al país esta decisión desde el punto de vista de medio ambiente en el contexto local e internacional. Pero tan importante como lo anterior será que explique cómo repercute esta decisión en el arbitraje iniciado en Washington por The Renco Group Inc (propietaria de DRP) contra el estado peruano. La duda fluye porque justamente el argumento de la empresa era que requería dos cosas para cumplir las exigencias gubernamentales: más plazo para construir una planta de ácido sulfúrico para el circuito de cobre y menores exigencias ambientales. Hoy el gobierno estaría atendiendo con 4 años de retraso la solicitud y se vería como que las administraciones de Alan García y Ollanta Humala, se hubiesen excedido.
La decisión la tiene en sus manos la bancada de Fuerza Popular y esperamos que se encuentre acorde con los intereses del país y no de particulares.
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