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Martes 23 de agosto 2016

Ministro Zavala explique beneficio-costo de Ley Doe Run

Por: César Gutiérrez
Ministro Zavala explique beneficio-costo de Ley Doe Run
Foto: Difusión

 

La noticia más relevante de esta semana será la decisión del Congreso sobre la llamada Ley Doe Run, promovida por el Ejecutivo, bajo el título de modificación del numeral 74.2 de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal. El tema de fondo es ampliar en dos años el proceso de liquidación en marcha de la empresa Doe Run Perú (DRP), propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y de la Unidad Minera Cobriza (UMC). El plazo para su liquidación vence el 27 de los corrientes y el gran problema es la operación del CMLO, dada su antigüedad, en el 2021 cumplirá un siglo; que deviene en la imperiosa necesidad de inversión para que cumpla la normativa ambiental.

En el obligatorio análisis beneficio-costo, solo se refiere la generalidad que hay beneficios diversos y que no irroga costo al estado, desprolija argumentación. Corresponde a la oposición exigirle al Premier Zavala que sustente aclaraciones previas y una evaluación detallada de impacto económico.

En las aclaraciones debe señalar si tienen programado flexibilizar normas ambientales y/o ampliaciones de plazos de las mismas, pues la gran limitante para la venta ha estado en este rubro; si no hay modificaciones el plazo de 2 años será inútil.

En la evaluación del impacto económico, el gobierno tiene que explicar ¿cómo piensa afrontar los problemas de la salud de los habitantes de La Oroya ante la contaminación ambiental existente y que nadie asume hace 19 años?, ¿piensa extender el drama 2 años más?, ¿en caso se tuviese que paralizar la producción del CMLO cuál será el costo para el estado al tener que asumir los 25 millones de dólares (MMUS$) anuales de déficit que se generarían?, ¿qué influencia puede tener la postergación planteada y los posibles cambios de la legislación ambiental en el arbitraje que mantenemos en el Ciadi, donde la propietaria de Doe Run Perú tiene una pretensión de 800 MMUS$? y ¿tiene la expectativa el estado de recuperar en su totalidad la acreencia de 163 MMUS$ reconocida por la Corte Suprema, mediante la venta de DRP?

Después de una mediocre presentación en la investidura, salvada por gestos políticos de dos de sus ministros, el Premier tiene que explicar en detalle el proyecto para que amerite su aprobación.

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