Recurrente desde el inicio de gobierno ha sido la prédica de lo que han llamado el “destrabe de proyectos”, entendido como darle celeridad a las construcciones comprometidas por el “humalismo”, otorgadas ya sea como concesiones o emprendimientos con recursos de la caja fiscal o de las empresas estatales. En el orden de ideas de esta administración, las obras en mención se encuentran retrasadas o paralizadas por falta decisión de instancias gubernamentales, situación que consideran inadmisible pues la inversión es del orden de 18 mil millones de dólares, cifra que pueda garantizar el ansiado crecimiento económico anual del 5%.
La necesidad del avance a marcha forzada es inobjetable por dos razones: es infraestructura que el estado requiere y contribuye al crecimiento del PBI, aunque hay que escudriñar con detalle el impacto. Las cifras de construcción son menores que las exhibidas en los contratos de concesión, estando la diferencia en los costos de operación y mantenimiento, que son expresados en aquellos como el valor actual de la serie de 30 años de los mismos, expresados a la fecha de la puesta en operación comercial. Adicionalmente, el equipamiento dada su complejidad, es siempre importado, lo cual no se refleja como puntos adicionales a la economía nacional.
El gobierno en su balance de los 100 primeros días de gobierno, refiere con una simple afirmación que ha logrado un avance significativo en “el destrabe de proyectos”. No exhibe los acuerdos, lo que tenemos el derecho de solicitar que se hagan públicos; más aún cuando se deslizan algunas cifras de adicionales que representan cientos de millones de dólares tanto en el caso de la Línea 2 del Metro de Lima como del aeropuerto de Chincheros en el Cusco
Fácil es solucionar los impases existentes entre el Estado concedente y el concesionario, si se accede a las peticiones de éstos último a nombre de avanzar las obras. Es universal que donde se ejecutan obras billonarias, los desarrolladores buscan los resquicios legales para incrementar los montos y los plazos de construcción originalmente contratados. Corresponde a los funcionarios estatales no dejarse amedrentar por paralizaciones de trabajos o alargue de plazos, de no aceptarse las pretensiones.