Martes 23 de abril 2024 | Contáctenos
Los sucesivos acontecimientos en el oleoducto nor peruano (ONP), se hablan de 13 solo en el 2016, con el consiguiente derrame de crudo; han puesto todas las miradas de la opinión pública y del oportunismo en el Congreso de la República, en esta infraestructura de 40 años de antigüedad, de propiedad de la estatal Petroperú. Buena manera de escamotear los serísimos pasivos ambientales existentes en el hoy denominado lote 192, cuya extensión es parte de lo que anteriormente se llamaba lote 1-AB, así como la que se tienen en el lote 8.
El estado tiene responsabilidad directa en lo que se viene viviendo en la Amazonía, con protestas actuales en la localidad de Saramurillo, que son una repetición de otras medidas de fuerza que han realizado los pobladores de zonas afectadas por la contaminación de suelos y ríos, desde el año 2001. La empresa Pluspetrol Norte SA encargada de la operación del devuelto lote 1-AB y del lote 8 que aún tiene un horizonte de 8 años de vigencia, así como Petroperú en lo que compete al ONP; son las empresas que tienen que hacerse cargo de la remediación, además del resarcimiento económico de las personas afectadas y al pago de las sanciones impuestas.
El rol del estado, vía el Poder Ejecutivo, debe ser de hacer respetar la normativa y evitar que las artimañas lleven a judicializar las sanciones, el propio Petroperú lo viene haciendo. La empresa Pluspetrol Norte responsable durante 15 años de la operación del lote 1-AB se ha retirado de esta operación por término de contrato sin que autoridad alguna haga respetar los derechos nacionales. Es clarísimo que desde tomó la transferencia del lote de la empresa Occidental, se hacía responsable de todos los pasivos ambientales, lo que figura en el contrato hoy retirado del portal de la agencia Perupetro. En el lote 8, operado por Pluspetrol desde el año 1996, tomando la posta que venía ejerciendo Petroperú desde los años 70, corre la misma suerte; la situación de las áreas productivas y de influencia de la operación es calamitosa, sin que nadie ejerza autoridad. Esta situación no puede continuar y corresponde al gobierno asumir lo que las empresas no hacen e iniciar la demanda a aquellas para recuperar las inversiones que deberá realizar.
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