El laberinto gubernamental por el Gasoducto Sur

En pleno desarrollo en nuestra capital de la Cumbre APEC 2016, el Ejecutivo anunció que no efectuará modificaciones al Contrato de Concesión de “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.  Con esto se supone que el Consorcio Sempra-Techint, que había llegado a un acuerdo satisfactorio de compra de accionariado con Odebrecht Latinvest, por el 55% de la concesión y 71% de la construcción; no lo ejercerá, pues  habían solicitado los compradores al gobierno que se modificaran cláusulas sobre resolución de contrato, en la eventualidad que se demostrase que habían actos de corrupción en el proceso.

El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, salió a anunciar que en Enero del próximo año se convocaría a un nuevo concurso. Precipitación en sus declaraciones por dos razones: al momento de su intervención, el Consorcio Sempra-Techint no se había pronunciado y en la eventualidad que fuese necesaria nueva convocatoria; es un imposible que se haga en Enero próximo; será necesario reformularla en aras de la competencia.

Respetando la decisión del Ejecutivo de no hacer cambios en el contrato, hay que recordarle al Ministro Thorne, que primero tiene que agotar todas las posibilidades con las partes en negociación, porque cualquier reinicio tomará su tiempo, pues si de mejorar el contrato de concesión se trata, hay la necesidad que tomar contacto con otros interesados para no caer en favoritismo por el consorcio Sempra-Techint.

Siendo una obra de 4,500 millones de dólares constructivos y 2, 800 de operación y mantenimiento de una serie de 30 años; ambos valores expresados a la fecha de puesta en operación comercial, calculados a precios de Junio 2014 y proyectados al 2019; hay dos aspectos que no se pueden soslayar: no es fácil encontrar interesados y los que hubiesen tendrán que revaluar sus cifras a valores del 2017 proyectados al 2021. Asimismo, hay que darles tiempo para que puedan elaborar una propuesta, que por la complejidad y la inexistencia de ingeniería oficial, lleva a cualquier interesado a requerir un tiempo de no menos de un año.

Si el gobierno ha hecho su apuesta de reactivación a los megaproyectos y éste es uno de ellos, tiene que guardar mesura y realismo.