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La Comisión de Descentralización aprobó, a iniciativa de su presidenta, María Aramayo Gaona (FP), solicitar al Pleno del Congreso que se le otorgue facultades para investigar por un plazo de 120 días sobre el incendio ocurrido en el Centro Comercial Larcomar.
“En realidad es una iniciativa mía que fue aprobada por mayoría, y un 99.9 % de los que integran esta comisión, han dicho que necesitamos facultades para investigar lo que ha sucedido en Larcomar”, expresó la legisladora Aramayo.
Indicó que este pedido tiene que quedar como precedente para saber cómo se ejecutan las competencias municipales. “Debemos pensar que cuando uno tiene competencias en materia de descentralización, tiene que ejercerlas. Los municipios tienen que tener la capacidad de ejecutar. Esto es un mensaje, lo gobiernos locales deben cumplir con sus funciones”, señaló.
Por otro lado, Aramayo Gaona, planteó modificar los artículos 3 y 14 del Decreto Supremo 058-2012, respecto a la competencia en materia de inspecciones. “Nosotros queremos arreglar la circunscripción, pero tiene que haber un nivel de coincidencia y de convergencia. Lamento que este tema no esté regulado en la Ley Orgánica de Municipalidades que es lo que corresponde. Por eso la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lo reguló a través de un decreto y ahora nosotros vamos a enmendar. Es una misión de este Congreso de la República y lo vamos a modificar”, sostuvo.
Por su parte, el jefe de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, dijo que desde 2014 los certificados de inspección técnica que emite Defensa Civil son indeterminados. Es decir no tienen que ser renovados cada dos años.
Indicó que el decreto firmado por el expresidente Ollanta Humala y la entonces primera ministra Ana Jara, restringe a las municipalidades realizar su trabajo. "La razón fue una resolución de Indecopi que atendió el reclamo de una cadena de farmacias, la cual se negaba a pagar cada 2 años por este certificado y la consideraba una barrera burocrática”, comentó.
El funcionario municipal informó que en su momento envió oficios a la PCM, al presidente del Congreso y a los congresistas, advirtiendo que la modificación atentaba contra la seguridad y la vida de las personas y que podría ocasionar hechos lamentables por la falta de seguridad.
En tanto, la representante legal de UVK Multicines, Mónica Ubillús, negó que las instalaciones de su local no contaran con sistemas de seguridad. “No es cierto lo que se dice que no contábamos con medidas de seguridad. En marzo, estuvo la municipalidad de Miraflores en Larcomar, entraron a los cines y a varios locales y nos dijeron que todo estaba bajo las normas”, informó.
Ubillús comentó que cumplió con todo lo que exige la ley sobre sistemas de seguridad. “Respetamos y cumplimos con las normas. También con las rutas de evacuación que sí estaban señalizadas”, expuso.
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