Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
A fines del feriado largo de la semana antepasada, con el anuncio del retiro de la estadounidense Sempra de la adquisición del 50% del accionariado que posee Odebrecht Latinvest en la concesión del llamado Gasoducto Sur Peruano; el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; su vicepresidenta, Mercedes Araoz; su Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne y su Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo; hicieron declaraciones donde daban por entendido que se cancelaba el contrato de concesión, se anunciaba el lanzamiento de un nuevo proceso en tiempo record y cambios en las condiciones contractuales para la nueva licitación. Me referí al voluntarismo inoportuno con el que hacían afirmaciones y no hubo oportunidad de hacerlo respecto al impacto bursátil en las empresas que conforman el consorcio.
La principal afectada ha sido Graña y Montero SAA (GMSAA), cuya capitalización descendió en 5 días en 211 millones de dólares. Al día 16 de este mes la acción se valorizaba en 5.59 soles, y se mantuvo en ese valor hasta el día 21 por el cierre de operaciones de la Bolsa de Valores de Lima por el feriado, desde allí hasta el viernes 25, la acción descendió hasta 4.50 soles, es decir que hubo una caída acumulada del 19.5%.
Lo ocurrido ha comprometido seriamente a la empresa cuyo valor en bolsa es de 871 millones de dólares (MMUS$), pero que de darse la caducidad de la concesión, significaría perder los 215 MMUS$ que pagó para adquirir el 20% de participación en el consorcio, 70 MMUS$ por lo que le corresponde en la carta fianza de fiel cumplimiento y 60 millones por su parte en la deuda que se adquirió al tomar un crédito puente para el avance de obra y que hoy los bancos reclaman el pago. Es decir que la pérdida ascendería a 345 MMUS$ que significan el 40% del valor de la empresa. GMSAA haciendo un esfuerzo por detener la caída ha enviado a fines de la semana pasada una carta resaltada como hecho de importancia, diciendo que de darse por concluida la concesión le corresponde al menos la devolución del 72% de lo invertido que tendría que pagarlo el estado de la caja fiscal, según contrato.
Grave problema generado por la incontinencia verbal de los voceros del gobierno que no conocen la mesura.
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