Los últimos días ha pasado desapercibido para la opinión pública, por la “saavedrización” de la agenda política, la actitud precipitada del gobierno de querer rematar la empresa Doe Run Perú SRL (DRP), titular de la operación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la Mina Cobriza, ubicados en la sierra central.
Genera una gran duda la valorización presentada que asciende a la suma de 211 millones de dólares, que representan aproximadamente el 30% del valor esperado en el mercado, teniendo en cuenta dos hechos: que no se está exigiendo al nuevo propietario los compromisos de remediación de los impactos ambientales existentes y que todo indica que se piensa desde el Ejecutivo hacer una flexibilización de los estándares de calidad ambiental (ECA)y de los límites máximos permisibles (LMP) de emisiones, que hoy se exigen en el sector minero-metalúrgico.
Si se lograse el objetivo del gobierno, expresado en la Junta de Acreedores (JA) por la representación del Ministerio de Energía y Minas, lo recaudado será una cifra magra para los trabajadores que son acreedores; para el ente tributario, Sunat y para el estado que tendría que aportar de la caja fiscal para efectuar las remediaciones, cuya cuantificación y reconocimiento como acreencia, le permite presidir la JA.
Pero no solo esto, sino que el gobierno en una visión miope, que es lo que benignamente quisiera creer, se olvida que no solo existe el proceso concursal que les está permitiendo vender, sino que hay dos procesos arbitrales en el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (Ciadi) que se están llevando en París y uno en la Corte de St.Louis en el estado de Missouri, donde hay pretensiones muy superiores a lo que se piensa obtener con la venta, por parte de los demandantes, que van a revertir al final en el estado peruano.
En estas circunstancias el posible comprador tiene que ser alguna corporación que tenga la seguridad que el estado remediará impactos ambientales, que se relajarán los ECA y LMP y que ya tenga operaciones en Perú que extraigan concentrados que mejoren su valor en el mercado mezclándolos con la producción de Cobriza y por añadidura requieran de fundición y refinación. De allí mi legítima duda ¿a quién beneficia el remate de DRP?