[Corrupción en el Perú] El Huracán lleva tu nombre

Jorge Luis Martinez, autor de estas líneas

El Huracán lleva tu nombre

Está por terminar el 2016 y una noticia remece a todo el ambiente político nacional: el escandaloso tema de Odebrecht. El epicentro del sacudón es nada menos que los Estados Unidos, donde la constructora ha reconocido que pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos peruanos entre los años 2005 y 2014. No cabe duda, poniendo en evidencia las malas prácticas de esta empresa brasilera, la noticia constituye un golpe para la clase política peruana, al igual que para la de otros países donde esta empresa ha incursionado.

El sacudón es de envergadura. Los 29 millones de dólares corresponden tan solo al dinero que se canalizó a través de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada en comparación a lo que vendrá si se toma en cuenta el monto total de los proyectos de dicha empresa en el Perú. Una cantidad que bordea los doce mil millones de dólares: solo el del Gasoducto equivale a los siete mil millones de dólares. De manera que la cantidad revelada es una migaja si se compara a la que se ventilará en un futuro no lejano. Lo sorprendente es que esta empresa tenía una dirección de operaciones para los sobornos. Aunque parezca increíble, a ese nivel operaba.

Así las cosas, cabe recordar que en el gran coloso del norte se aplica la Ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Una norma que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente del lugar en el que operen y sus empleados desarrollen labores, propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero a fin de beneficiarse de esta acción criminal. Queda claro que la jurisdicción de la justicia norteamericana no se circunscribe al territorio de la Unión. La prueba, gran parte de los dos mil seiscientos millones de dólares desembolsados por Odebrecht debido a los sobornos ha ido a parar a los EE.UU. (Suiza y Brasil son los otros dos destinos).

El sacudón es de envergadura, ya que hay más empresas brasileras inmersas en este tema. Es el caso de OAS, Camargo, y Andrade Gutiérrez. La OAS, por ejemplo, vendió la Línea Amarilla por mil cuatrocientos millones de dólares a una empresa francesa Vinci. El dinero de esa venta ya salió del Perú y, a sabiendas de que hubo alguna coima al respecto, ninguna multa se aplicó. Pregunto: ¿qué funcionario va a responder por esto? Al traer a colación el caso de OAS, es necesario señalar que hay que tener en la mira al Fondo de Inversión Brookfield que comprará acciones de Odebrecht en el Gasoducto del Sur. Vaya cadena de destapes sobre corrupción corporativa a gran nivel, a una escala nunca vista en la historia de América Latina. Esto traerá mucha cola.

En este escenario, el Ejecutivo tiene que estar a la altura y ponerse fuerte si algún día aspiramos seriamente a entrar a formar parte de la OCDE. En tal sentido, se hace necesario escuchar las declaraciones de la Ministra de Justicia. Y ¿por qué no nombrar un Procurador Ad Hoc para este tema? Una vez nombrado, ¿por qué no hacer que el Procurador Ad Hoc viaje a Brasil a fin de recoger información sobre los involucrados, en aras de impedir su salida del país? Actuemos inmediatamente, no se puede perder un minuto más.

El año 2017 traerá consigo muchas investigaciones y destapes. Esto afectará la política y pondrá a prueba el humor de la gente; eso es una realidad, un hecho. El Ejecutivo, aprovechando la delegación de facultades, debería pensar en diseñar una arquitectura legal antifraude corporativa (como la ley Sarbanes Oxley, la FCPA americana). Marcar la diferencia. Es el momento. La gota rebasó el vaso, no se puede esperar más. Las sanciones deben ser muy duras y ejemplares. Es la única manera de amainar el huracán que se avecina.