Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
César Gutiérrez, autor de estas líneas
Los últimos días la cobertura mediática y el agitado trajín de polémica en las redes sociales se ha centrado en el caso Odebrecht y va derivando al contexto más amplio del caso Lava Jato, haciendo que pase desapercibido la suerte del caso Doe Run Perú SRL (DRP), a la fecha aún titular del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y de la Unidad Minera de Cobriza (UMC).Los últimos días la cobertura mediática y el agitado trajín de polémica en las redes sociales se ha centrado en el caso Odebrecht y va derivando al contexto más amplio del caso Lava Jato, haciendo que pase desapercibido la suerte del caso Doe Run Perú SRL (DRP), a la fecha aún titular del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y de la Unidad Minera de Cobriza (UMC).
LIQUIDACIÓN EN MARCHA
La empresa DRP se encuentra en un proceso de liquidación en marcha y lo que se decida de ella depende la suerte de los cerca de 15 mil habitantes de la ciudad de La Oroya. En su mejor momento el CMLO llegó a emplear directamente a 3,000 personas y el efecto multiplicador generó cerca de 16,000 puestos de empleos indirectos.
Desde mediados de diciembre pasado hasta la fecha han comenzado aparecer escuetas noticias del proceso concursal que se lleva en el ámbito de la Comisión de Procesos Concursales de Lima Sur del Indecopi; dando cuenta que se habían aprobado bases y contratos para la venta tanto del CMLO y de la UMC; que quedaba pendiente de aprobación por la Junta de Acreedores (JA) el precio base planteado, la magra cifra de 211 millones de dólares (MMUS$) y la semana pasada que el segundo mayor acreedor, Doe Run Cayman Limited (DRC) había presentado impugnación al acuerdo de aprobación de bases y contrato.
Por la forma de presentar la noticia queda la huella indeleble que la información proviene del principal acreedor, representado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que ha consolidado la discutible acreencia de las inversiones pendientes de DRP, Osinergmin y Sunat. El mensaje que queda flotando en el ambiente es que el estado hace el esfuerzo por vender DRP para cumplir con los acreedores y que hay una actitud obstruccionista de DRC.
LAS ACREENCIAS POR COBRAR
La exactitud de los montos en juego a la fecha sería necesario que fuesen de conocimiento público dado que hay intereses del sector estatal: MINEM, Osinergmin y Sunat. Sin embargo es posible dar un orden de magnitud de las acreencias y que corresponden a información que se dispuso a la fecha de acogimiento de DRP al proceso concursal, que en la terminología de este tipo de procesos se conoce como fecha de corte y que en este caso corresponde al 16 de agosto del 2010. Así tenemos que el MINEM por concepto de inversiones pendientes de DRP para completar el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), consignó la cifra de 163.1 MMUS$; deudas a Sunat y sanciones a favor de Osinergmin, se registraron 69.7 MMUS$; el socio DRC declaró acreencias por 155.7 MMUS$ y entre trabajadores, proveedores de concentrados y de servicios la suma de 130.9 MMUS$. Totalizando se llega a la cifra de 519.4 MMUS$, no es poca cosa, más aún cuando el estado a través del MINEM, Osinergmin y Sunat acumulan el 44.8% del total.
Lo ideal sería recaudar la máxima cantidad para honrar las acreencias, es decir los 519.4 MMUS$ de agosto del 2010, cifra que se ha debido incrementar en los 6 años y 9 meses transcurridos por los intereses que se puedan haber generado. Sin embargo la cifra que se plantea como precio para la venta es de 211 MMUS$, que representa el 41% del monto original. Es oportuno señalar que en el procedimiento establecido se plantean tres convocatorias a remate, con un descuento de 15% del precio base en cada oportunidad, lo que significa que de llegarse a la tercera convocatoria, lo cual es altamente probable, el precio base sería descontado en 27.8%, pudiendo liquidarse la empresa en 152.3 MMUS$. Se incluirá en este precio el CMLO, la UMC y las 38 concesiones mineras no metálicas y una concesión de beneficio.
EL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA LA MANZANA DE LA DISCORDIA
El CMLO es a la vez un gran problema y una gran oportunidad, inició operaciones hace 95 años y está a cargo de DRP desde hace 20 años. La planta puede producir 10 metales refinados de alta pureza y 7 subproductos. Desde ese punto de vista permite dar un alto valor agregado a las exportaciones mineras peruanas y por tanto una mayor recaudación al estado peruano. El gran problema es que con los Estándares de Calidad (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones vigentes no le es posible operar.
En estas condiciones cualquier interesado en adquirir tendría que hacer inversiones previas para adecuar la infraestructura para el cumplimiento de las normas ambientales, las obras hasta la puesta en servicio demorarán aproximadamente tres años y de allí recién redituar la inversión. En la evaluación beneficio-costo, todo indica que las cifras no son promisorias y de allí viene el fracaso de los intentos de venta que se han realizado en los últimos cuatro años.
El incentivo para la adquisición lo constituye la relajación de las exigencias ambientales, que a pesar que ha sido negado múltiples veces por el actual gobierno, queda claro que pueda cambiar de opinión con la simple emisión de un Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Si algún interesado tiene información privilegiada que va haber modificación luego de la venta, habrá comprado a precio vil para luego obtener un gran rédito económico.
NO HAY NOTICIA ALGUNA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL
Es increíble que en esta discusión que se lleva en los cuatro años que tiene el proceso de liquidación en marcha, no se establezca quién se hará cargo de la remediación ambiental que se debe hacer en La Oroya. La información que trasciende a la prensa sobre la venta no se ha dedicado una línea sobre el tema. Es obvio que no se podrá exigir al potencial adquiriente y que el estado tendrá que asumir la responsabilidad, lo cual no podrá realizarse con lo que recaude el MINEM que en caso óptimo ascenderá a 66.3 MMUS$ (31.4% de 211 MMUS$)
Por todo lo reseñado el acreedor principal, el MINEM, debe una explicación urgente al país.
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