Congreso está siendo utilizado en caso Doe Run

Tanto en campaña electoral, como presidente electo y en ejercicio, PPK predicó supremo interés en el caso de Doe Run Perú SRL (DRP), tanto así que la segunda propuesta legislativa del Ejecutivo ingresada al Congreso, estuvo relacionada con el tema. En tiempo record consiguió que antes de cumplir el mes de mandato se votase sin contar con voto en contra alguno, la Ley 30502, llamada “Ley que autoriza la prórroga extraordinaria de los procesos concursales que se encuentran en etapa de disolución y liquidación en marcha”, que ha permitido que se de una nueva oportunidad de venta por remate a la empresa DRP.

Era evidente que la decisión de apoyar la ley de parte de los congresistas de todas las bancadas, estaba motivada porque había varios puntos de interés político: los trabajadores de la empresa; la población de La Oroya; la necesidad de remediación ambiental y tener una unidad productiva en el Complejo Metalúrgico de la Oroya (CMLO), que no solo generase trabajo sino también valor agregado a las exportaciones mineras. Es decir una posibilidad de una operación productiva.

Debería llamar a sorpresa de los legisladores que ninguna de las expectativas citadas se van a cumplir si se sigue la convocatoria a remate que está conduciendo el Ministerio de Energía y Minas, en representación del estado y como acreedor principal de DRP.

Se han aprobado bases y contrato para la convocatoria a remate en tres actos, aprobada por la mayoría de los acreedores, incluidos los trabajadores; pero ello responde a la necesidad de cobrar perentoriamente acreencias que tienen una antigüedad de ocho años. Sin embargo ello no significa que se estén haciendo las cosas correctamente. Queda pendiente aún que se defina el monto base del remate, que se pretende que alcance la suma de 211 millones de dólares, aunque previamente tendrán que levantar la impugnación presentada por el acreedor Doe Run Cayman Ltda, la cual procesalmente no puede soslayarse.

Resulta indispensable que el Congreso cite a la Presidenta de la Junta de Acreedores para explique el beneficio para el estado de esta forma de vender los activos de  la empresa; donde no se identifica propuesta alguna para la remediación ambiental de La Oroya y la nueva operación del CMLO.