Estado tiene que maximizar ingreso por venta de Doe Run

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Las decisiones que tiene que tomar este gobierno para recuperar la confianza ciudadana y en los inversores, está en el terreno que supuestamente más conocen, el económico y financiero. No solo es el caso de la Línea 2 del Metro; el Aeropuerto de Chincheros, el Gasoducto Sur Peruano, luego de la terminación del contrato de concesión; sino también en la venta de Doe Run Perú SRL (DRP), que está corriendo aceleradamente y casi furtivamente, en vía paralela a todos los acontecimientos políticos y sociales que estamos viviendo.

El objetivo de maximizar el ingreso para el estado, representado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), significa garantizar que el proceso administrativo de venta pueda realizarse de manera que los compradores no puedan especular por las ventas por separado y diferidas en el tiempo de las dos unidades de negocio que se están ofertando: Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza (UMC), incluyendo las 39 concesiones mineras que posee. Adicionalmente tendrá que tener en cuenta el precio de venta represente un justiprecio.

La información existente hoy en día, señala que se tiene la expectativa de salir a los remates con un precio de 211 millones de dólares. Importante es escudriñar lo que significa esta cifra para el comprador. Éste, si quisiera hacer operar el CMLO a capacidad plena debería hacer una inversión que en el año 2012 se valorizaba en 163 millones de dólares (MMUS$) y que a la tasa de crecimiento de los costos de equipamiento y construcción en el sector hoy representan 198 MMUS$. La implementación demorará unos 3 años, tiempo durante el cual no podrá operar.

Corresponde al MINEM demostrar públicamente porque es de interés estatal, que con estas cifras el comprador pueda rentar sobre su capital lo que esperan los inversionistas del sector minero-metalúrgico. Hay que tener en cuenta que hay más variables sobre la mesa, como las demandas de procesos arbitrales planteadas por la holding propietaria de DRP ante el CIADI.

No puede haber una evaluación gubernamental focalizada en un remate con expectativas magras de recaudación, sino una visión integral en el terreno económico y social, por lo que el Congreso debe pedir urgentes explicaciones.