Liquidación por bienes del Gasoducto Sur Peruano puede ser un nuevo foco de conflicto político

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Ayer el Grupo Graña y Montero (GGYM) en aras de calmar las expectativas negativas que venían experimentando sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, con su consiguiente correlato en sus ADS (American Depositary Shares) en la Bolsa de Nueva York (NYSE); salió a manejarse mediáticamente mediante la comunicación de un “hecho de importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El tema de fondo que ha querido transmitir es su optimismo sobre lo que el estado le pagaría al Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), donde tienen una participación del 20%; por los bienes y avance de obras que según su entender, en el caso más pesimista, le permitiría cubrir el 95% de sus obligaciones contraídas al haber participado en el proyecto.

GRAÑA Y MONTERO VENÍAN EXPERIMENTANDO CAÍDA ESTREPITOSA DEL VALOR DE SUS ACCIONES.

GGYM tenía razones fundadas para preocuparse, sus acciones en la BVL habían caído a un mínimo de 2.95 soles/acción, que significaba una desvalorización bursátil del 48.5% respecto a la cotización que tenía al iniciar noviembre del año pasado. Mientras que en la NYSE, la caída en el período 01 de noviembre 2016 al 23 de enero del 2017 había llegado a 45%. La comunicación ha dado resultado y ha permitido repuntar en Lima, 20% y en Nueva York, 18%.

ESPERAN QUE EL ESTADO RECONOZCA 1,905 MMUS$ POR LO EJECUTADO

La posición de GGYM está basada en que con el monto recaudado por la venta de bienes del Gasoducto Sur Peruano (GSP), pueda cubrir el 95% de la suma conformada por: 220 millones de dólares (MMUS$) que fue su aporte de capital; 129 MMUS$ de la garantía que proporcionó para el crédito puente que recibió el CGSP para realizar estudios, adquirir equipos y avanzar en obras y finalmente los 52.5 MMUS$ que aportó en carta fianza de fiel cumplimiento, que ha sido ejecutada por el estado peruano a través del Concedente, Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

La suma de los montos señalados arroja la cifra de 401.5 MMUS$, de los que esperan por lo menos cubrir la suma de US$ 381 MMUS$ (95% señalado). Esto significa que la expectativa que tienen es que el Estado le reconozca al CGSP la cantidad de 1,905 MMUS$ (GGYM tomaría el 20% de esta cifra), por lo ejecutado hasta la fecha de terminación del contrato (23.01.2017).

EL COBRO POR LO EJECUTADO ES LEGAL LO DISCUTIBLE SERÁ EL MONTO

La pertinencia del cobro está garantizada en el Contrato de Concesión (artículo 20.4.2) entre el MINEM y CGSP y reforzada por el DS-041-99-EM (artículo 45. Capítulo tercero. Título II). El gran tema en discusión es la valorización, donde el MINEM tendrá que seleccionar a una empresa que haga el trabajo. De hecho tendrá que ser una corporación internacional de primer orden y lejos de cualquier duda de favoritismo.

Es obvio que la discusión en el terreno político ya empezó, se alzan voces desde el Congreso reclamando que no debería hacerse pago alguno. En el terreno legal este discurso no tiene ningún asidero, sin embargo va mediatizar mucho el resultado de la valorización y más de una explicación se va pedir al Poder Ejecutivo. El plazo para el pago es de un año, contra más demore se encontrará con un gobierno más debilitado dada la impericia de esta gestión que ya es un mal endémico.

SERÁ MUY DIFÍCIL SOSTENER QUE GRAÑA Y MONTERO CONTINUE EN EL PROYECTO

El otro tema que va atentar contra GGYM es el hecho que la vocación de PPK es que conjuntamente con Enagas continúen con el proyecto, por supuesto teniendo a Odebrecht Latinvest Perú SA fuera del consorcio. Aquí, la discusión llega a mayores por dos razones: el incumplimiento del cierre financiero que ha motivado la terminación del contrato ha sido del Consorcio, donde las responsabilidades son solidarias y no individuales. Sería un contrasentido defender un continuismo, es más, también lo es permitir la participación de GGYM y Enagas en un nuevo Consorcio que aspire reactivar el contrato terminado o un nuevo esquema. Una segunda razón será la implicancia de la participación de GGYM en las IIRSA Sur y Norte, donde ya hay señalamientos de actos de corrupción reseñados y cuantificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La suspicacia del conocimiento de los hechos ilegales por parte de la empresa peruana es legítima, a pesar de los esfuerzos contraproducentes del Gerente General de la empresa de intentar hacernos creer que no sabían nada. En esas condiciones y con la manifestación de las autoridades judiciales que GGYM será investigada, sería un suicidio político para el gobierno pretender que continúen con la obra o que participen como postores en otro concurso sobre el proyecto.

El buen repunte bursátil puede ser efímero, todo dependerá como discurren los hechos tanto en el tema de la valorización de lo ejecutado en el Gasoducto Sur Peruano y en las investigaciones del caso Lava Jato, que por el momento está centrado en la Línea 1 del Metro de Lima, pero que muy pronto se extenderá a las IIRSA, donde hay mucho tema sensible.