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Martes 31 de enero 2017

Desorden gubernamental impedirá salida apropiada al Gasoducto

"... Hay una mezcla de temores mediáticos, predisposición a favor de las empresas y desconocimiento, que no hace presagiar nada bueno.", dice César Gutiérrez.
Desorden gubernamental impedirá salida apropiada  al Gasoducto
Foto: Difusión


César Gutiérrez, autor de estas líneas


Terminada la Concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) el pasado día 23 de los corrientes, por incumplimiento del cierre financiero por parte del consorcio a cargo,  hay un conjunto de tareas por desarrollar inmediatamente con la finalidad de continuar con el proyecto, que según el Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, tendrá un impacto de 1% a la baja en la proyección del PBI del presente año.

Hay que tener en claro que según el contrato de concesión y la normativa legal, existe obligación por parte del estado, representado por el concedente, Ministerio de Energía y Minas, de poner los bienes de la concesión a la venta, lo cual se puede hacer hasta en tres convocatorias con un descuento del 15% cada vez que se convoque. Con ello el precio mínimo es 72.25% del valor contable de los bienes. En caso no se puedan vender en un plazo de un año, corresponderá pagar al estado. El monto que será un tema que devendrá inevitablemente en una discusión intensa, de hecho excederá los 1,000 millones de dólares.

En esas condiciones no le queda al estado sino plantear que el proyecto continúe luego de realizado un nuevo concurso, con el mismo trazo y los mismos ductos, pues son parte de la valorización del monto a devolver. Si se trabaja con conocimiento y firmeza en las decisiones, estimo que en el mejor de los casos la puesta en operación comercial ocurrirá dentro de cinco años y medio, es decir a mediados del 2022, dado el tiempo requerido para vender bienes existentes, elaborar bases, promover el proceso, otorgar buena pro, firmar contrato y realizar la construcción por parte del ganador. Es decir que no será este gobierno quien lo inaugure.

Las declaraciones de las autoridades gubernamentales que tienen injerencia en las decisiones son contradictorias; en cuanto al esquema, si debe incluirse nuevos ramales y si deberían participar en el nuevo concurso, dos de los integrantes del consorcio que acaba de perder la concesión: Graña y Montero y Enagas. No concuerdan la visión de PPK, con la del titular de la cartera de Economía y Finanzas y el de Energía y Minas. Hay una mezcla de temores mediáticos, predisposición a favor de las empresas y desconocimiento, que no hace presagiar nada bueno.

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