César Gutiérrez, autor de estas líneas
La terminación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que ha sido materia de celebración para algunos, nos traerá más problemas que beneficios en menos de tres años. La animadversión al proyecto se ha puesto por encima de la racionalidad técnica y económica; lamentablemente el gobierno no está a la altura de las circunstancias y no está mirando el horizonte.
Las autoridades se manejan por una opinión sesgada manejada desde los diarios económicos, donde nos muestran una supuesta sobreoferta, comparando la oferta de capacidad (potencia) respecto a la demanda; sin considerar contingencias completamente válidas, como una hidrología seca, o de una salida de operación del único gasoducto y poliducto existente, el Camisea-Pisco-Lima. Pero no solo eso, sino que no se han puesto a pensar en la energía eficiente que se puede producir con la capacidad de máquinas que se tendrán al 2021. Entendida la generación eficiente como aquella que se podrá generar con recursos energéticos de bajo costo, como lo son las hidroeléctricas y las termoeléctricas en base a gas natural.
Tomando proyecciones de oferta y demanda oficiales del Comité de Operación Económica del Sistema, se puede concluir que en el 2020, se requerirá operar las termoeléctricas ubicadas en Mollendo e Ilo con petróleo Diésel 2. En el 2020, la demanda de Diésel 2 por las termoeléctricas se incrementará respecto al consumo actual de la macroregión sur, en 6%; en el 2021 en 68% y en el 2022, fecha en la que podría entrar a operar el gasoducto, llegará al 133%.
En estas condiciones tomará vital importancia la construcción del Terminal de Almacenamiento de Combustibles en Ilo, de propiedad de Petroperú previsto para culminarse en el 2018 en su primera etapa. Sin embargo la capacidad será insuficiente en el 2021, pues solo cubrirá 10 días de necesidad y 5 días en el 2022. En una mirada más amplia ya debería estar coordinándose la ampliación de la segunda etapa de este terminal, que permitiría en el 2022 tener una capacidad para 25 días.
Corresponde al Ministro de Energía y Minas, que preside la Junta General de Accionistas de Petroperú, tomar las medidas oportunas, porque estamos configurando un escenario de racionamiento energético.