¡Cambio de modelo o de conducta?

La semana que paseó es una para la historia. En estos siete días, un ex presidente de la república con arresto nacional e internacional ha sido objeto de la primera plana de los principales diarios en nuestro país. Y también noticia a nivel internacional. La ex candidata presidencial Verónika Mendoza, lo que parece increíble, a través de su movimiento Nuevo Perú convocó a una gran marcha en contra la corrupción. La misma persona que fue congresista por el partido de Ollanta Humala (sobre quien pende la espada de Damocles de la corrupción). La misma que escribió en las agendas de la hoy investigada Nadine Heredia y que se rehúsa a ser sometida a un peritaje grafotécnico, más aun cuando su ex pareja también recibió dinero de la multinacional de la corrupción, Odebrecht.

“Convocamos a todo el pueblo peruano a que se movilice, a que no caiga en la resignación. El país puede cambiar, podemos acabar con la corrupción. Movilicémonos este 16 de febrero para dar un mensaje a la clase política corrupta”, señaló Verónika Mendoza a la hora de lanzar la convocatoria. “No queremos más corrupción, no queremos que la plata que los peruanos necesitamos para escuelas, hospitales, obras de agua potable, termine en negociados y corruptelas”, añadió. “La clase política se está descomponiendo. No se trata de casos aislados, sino de un modelo que está diseñado para promover la corrupción. Se han puesto por delante los intereses de las grandes empresas y no los del pueblo. Hay que cambiarlo por un modelo bien regulado”, como si no hubiese sido poco, siguió diciendo en la conferencia de prensa, haciendo gala de una retórica orientada al cambio de la Constitución y del modelo económico, un escenario en el que la ex candidata sabe muy bien desplazarse (así llegó Evo Morales al poder en Bolivia).

Por otra parte, otro intelectual de izquierda, Martín Tanaka, plantea también la crisis del modelo: “no solo por la subsistencia, avance y reconstitución del fujimorismo a través de Keiko como heredera, también por la continuidad del modelo económico orientado al mercado, la continuidad de ciertos sentidos comunes economicistas”. Haciendo eco de lo anterior, Alberto Adrianzen ha señalado que “El drama, por ello, no fue sólo la continuación de un modelo económico que mantuvo las desigualdades, que alentó la corrupción y las prácticas lobistas, y que permitió la captura del Estado por los grandes grupos económicos, como hoy lo podemos constatar, y que se ha mostrado incapaz de dotar a la democracia de nuevas bases de legitimidad”.

En estas líneas, por el contrario, sostenemos que la crisis política no es producto del modelo sino de las conductas de las personas. ¿O acaso no hubo corrupción cuando estuvieron vigentes las constituciones del 33 y la del 79? El planteamiento, es necesario subrayar, de una Asamblea Constituyente sería sembrar más dudas a nuestro país: caería nuevamente en un limbo de interrogantes sobre nuestro futuro. Lo que necesitamos es que funcionen las instituciones, que se sancione con todo el peso de la ley a los corruptos, que funcione como debe ser la asignación de recursos públicos con una supervisión eficiente y adecuada. ¿De qué sirve una nueva Constitución si las instituciones no funcionan? Sería solamente un saludo a la bandera.

Dicho esto, es importante señalar que estamos de acuerdo en algunas Reformas Políticas. Una de ellas concierne la Bicameralidad (aunque la población esté en contra de la propuesta). También de la eliminación del voto preferencial. Y que haya elección de Fiscales, por ejemplo, a fin de que estos ejerzan justicia gracias a la delegación del ciudadano de a pie. O que vayamos a un Sistema de Jurados como en otros países. ¿Por qué no copiar lo que si funciona? Es polémico esto, pero catalicemos el debate.

Ya no estamos para cambios radicales, ni para pedir una nueva Constitución. Nos queda como ciudadanos exigir que el aparato del Estado funcione y esté a la altura a la hora de hacer cumplir el mandato popular. Que haya una eficiente asignación de los recursos públicos, que Contraloría cumpla su función de velar el dinero de los peruanos, que el Ejecutivo le asigne recursos para que pueda cumplir con sus funciones y darle más facultades para que esté a la altura de lo que exige su tarea. Todo es cuestión de conducta y que el sistema funcione. Nada más.