César Gutiérrez, autor de estas líneas
La primera consecuencia del affaire brasileño de Lava Jato, a nivel regional y nacional, es la desaparición de las contratistas y concesionarias con matriz en Brasil. Consecuencia de ello se ha iniciado una intensa puja para ocupar el espacio dejado.
La disputa a la que me refiero es por la ejecución de obras de infraestructura bajo la modalidad de concesiones, donde el interesado hace la inversión en la etapa constructiva con un mix de capital propio, financiamiento proveniente de fondos o entidades crediticias y en algunas ocasiones con un cofinanciamiento estatal, que se busca que sea lo menor posible.
En el caso peruano, principalmente hay empresas colombianas, españolas e italianas. Las provenientes de Colombia, son lideradas por la multinacional municipal, Energía de Bogotá, y la estatal ISA; que ya son los operadores mayoritarios en la distribución de gas natural y en transmisión eléctrica. En el caso de las españolas han incursionado en transmisión con serias dificultades, caso de la Línea Moyobamba-Iquitos, a cargo de Isolux, donde el pronóstico es que la obra no se culminará y Abengoa, que está poniendo a la venta concesiones de líneas que se había adjudicado con anterioridad.
Algunas ibéricas de mayor envergadura como: ACS, Sacyr de Valle Hermoso y OHL; tienen capacidad para desarrollar proyectos y quedarse en el largo plazo, en las áreas de tratamiento de aguas, carreteras y transporte ferroviario. Mientras que las italianas como Ansaldo e Impregilo, han empezado por el área ferroviaria, con la Línea 2 del Metro de Lima y tratarán de hacerse un espacio en las Líneas 3 y 4.
De la cartera de proyectos de corto plazo que maneja Proinversión, destacan las concesiones de líneas de transmisión eléctrica; donde los colombianos de hecho seguirán ganando espacio; el tramo 4 de la carretera longitudinal de la sierra, que se lo disputarán empresas españolas y las Líneas 3 y 4 del Metro, donde los italianos tienen ventaja.
De la contraparte peruana que siempre ha acompañado a las multinacionales por el conocimiento de la mano de obra local especializada; queda en el horizonte la tradicional Cosapi; pues tanto Graña y Montero, JJC e ICCGSA; tendrán dificultades por su involucramiento con Odebrecht.