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Martes 07 de marzo 2017

Irracional defensa gubernamental a concesionario Aeropuerto Chinchero

"El pedido de interpelación de la oposición parlamentaria, con ausencia aún del “fujimorismo”, que debería culminar en censura; la denuncia de la Procuraduría que pretende manejarse con mordaza y la opinión desfavorable de la Contraloría, amerita anulación de adenda y renegociar contrato.", señala César Gutiérrez.
Irracional defensa gubernamental a concesionario Aeropuerto Chinchero
Foto: Difusión


César Gutiérrez, autor de estas líneas

El gobierno que se preciaba de “destrabar” proyectos ahora se ha convertido en un enredador de los mismos. Dubitativo, con marchas, contramarchas y decisiones que se fundamentan con galimatías que pretenden mostrar una racionalidad económica inexistente. El caso más elocuente es la Concesión del Aeropuerto de Chinchero, donde el Ministro de Transportes y Comunicaciones y Primer Vicepresidente de la República; Martín Vizcarra, se ha convertido en el gonfalonero de una adenda de contrato que beneficia al Concesionario, el Consorcio Kuntur Wasi, cuyos socios con Corporación América SA y Andino Invesment Holding SA.

La primera clarinada de alerta para el Ejecutivo ha debido ser la endeble opinión favorable del regulador Ositran, que con un Consejo Directivo integrado por 3 miembros de 5 que debería tener, y con oposición de nada menos de su presidenta, el Gerente General y el Gerente Legal. Es decir con dos miembros de su Consejo, uno de los cuales, Alfredo Dammert, fue nombrado en octubre del año pasado, hombre de cercanía indudable a la Viceministra de Transporte, Fiorella Molinelli; da respaldo a la Adenda.

Pero no solo hay un problema en las formas, sino también en el fondo. La decisión gubernamental le permite una gran ayuda financiera al Concesionario, pues le quita la responsabilidad de tomar endeudamiento por 265 millones de dólares para la construcción y en el sumun de la desvergüenza le asigna un adelanto por 40 millones de dólares que evita que al menos consiga esos recursos para la etapa de movimiento de tierras, que se debería pagar con liquidaciones bimestrales por avance de obras.

A ello sumamos la mendacidad al decir que de esta manera el estado ahorrará 590 millones de dólares y en su evaluación no le asignan valor en el tiempo al dinero estatal. Es una falta de respeto al ciudadano esta forma de defender la pretensión del Ejecutivo, con la vocería del Ministro-Vicepresidente Vizcarra.

El pedido de interpelación de la oposición parlamentaria, con ausencia aún del “fujimorismo”,  que debería culminar en censura; la denuncia de la Procuraduría que pretende manejarse con mordaza y la opinión desfavorable de la Contraloría, amerita anulación de adenda y renegociar contrato.

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