Caótica situación de la demagógica masificación del Gas Natural

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Reconstrucción ante desastres de Niño Costero obligan a replantear políticas

El embate de la naturaleza por el fenómeno llamado “Niño Costero” está amainando, oportunidad de hacer el esfuerzo de poner en  la agenda del debate público los temas relacionados a la inversión;  los que inevitablemente tendrán que competir con los dichos y hechos de  la reconstrucción de la infraestructura dañada y del caso judicial de Lava Jato.

El suministro de gas natural (GN) como insumo energético tiene que ocupar un lugar preponderante en la discusión inversora, tanto por la cuantía, como por ser una variable importante en los costos de las actividades de los agentes económicos: industrias, comercios, estaciones de servicio y consumidores residenciales.

Lo que hemos visto desde agosto del 2004, que corresponde a la fecha de  la puesta en operación comercial del suministro de GN desde los yacimientos de Camisea (Lote 88), se puede resumir en una sola palabra: voluntarismo. Los sucesivos gobiernos han centrado su preocupación en dos puntos: que el precio para el consumidor final no se incremente a niveles que puedan generar protesta y crear la ilusión al ciudadano que el servicio se va universalizar, masificación le han llamado.

Bajo estas premisas se acordó con productores del yacimiento de Camisea; Empresas Contratistas del Lote 88;  precios promocionales temporales, como el fenecido en el 2013 para el Gas Natural Vehicular (GNV), descuentos especiales para abastecimiento del sector residencial en la región Lima hasta completar una cuota de volumen y descuentos para el suministro a los concesionarios de distribución que se ubiquen en provincias. Asimismo con el productor de gas natural licuado (LNG), Perú LNG SRL,  se estableció un suministro de hasta 20 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) que deberían ser vendidos proporcionalmente a los concesionarios de siete regiones ubicadas en el norte y sur del país. En el norte a la empresa Gases del Pacífico SAC (GASEP), comprometida a atender las regiones de: Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash. En el sur a la empresa Gas Natural Fenosa Perú SA (GNFP), que deberá atender las regiones de: Arequipa, Moquegua y Tacna.

Sobre lo realizado, el despliegue mediático con noticias triunfalistas en la prensa de papel color salmón, ha ocultado la realidad: los compromisos de cobertura en la lógica económica vigente, no avanzará más allá del 17% del universo de hogares existentes en las regiones que abarca la concesión y la dispersión de precios a los consumidores finales es elevadísima en cada lugar, a la cual se agrega la pretensión de la empresa Gases del Norte del Perú SA (Gasnorp) de hacerse de la concesión en la región Piura.

A todo esto hoy se agregan las dificultades originadas por  los efectos del “Niño Costero”, que inevitablemente alterarán los calendarios de obras que se tenían programados por Gases del Pacífico SA  para Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash y los propuestos por Gasnorp para Piura  el norte;  pues previamente tendrá que definirse la planificación urbana que se plantea desde el Ejecutivo.

Las modificaciones de calendario obligarán a los concesionarios y  a los aspirantes a serlo, a revaluar los costos del tendido de las redes de distribución por: la reubicación de viviendas, cambio de trazos de pistas y veredas, modificaciones por el planeamiento de drenajes. Desde el punto de vistas de ingresos, luego de la grave situación económica que viven los pobladores afectados, el compromiso de contratar una conexión de GN será diferente a lo originalmente planteado, lo cual se extiende también a nivel empresarial.

La situación no puede ser soslayada de ninguna manera, según estadísticas al 19.03.2017, del Comité de Operaciones de Emergencias Nacionales (COEN), ya se contabilizaban solo en la región Piura: 46,222 viviendas y 255,492 personas, afectadas. Las cifras posteriores a esa fecha han empeorado. En estas condiciones el equilibrio económico y financiero de las inversiones innegablemente se verá seriamente afectados. GASEP y GNFP, con contratos ya firmados desde el 2013, plantearán al Ministerio de Energía y Minas (MEM), ampliaciones de plazo y que Osinergmin modifiquen tarifas de comercialización y distribución. Obviamente lo mismo ocurrirá con el aspirante Gasnorp en Piura, en este caso sería un despropósito otorgarle un contrato de concesión por todas lo reseñado y más bien es la oportunidad de desarrollar un proceso de competencia como lo han venido pidiendo los congresistas y movimientos de defensa de la región Piura.

Es hora de sincerar el discurso, el GN como combustible genera ahorros a todos los sectores sin distinción, pero no podrá universalizarse salvo que el estado esté dispuesto a realizar un aporte a fondo perdido para expansión de redes, cosa que a estas alturas se convierte en una quimera, los costos de la reconstrucción que aún no se tienen y que tendrá que asumir el estado, serán una gran limitante. De otro lado en el caso de los concesionarios GASEP y GNFP, hay un problema  adicional, que es el suministro de GN como LGN desde la planta de Perú LNG SRL, la cantidad es magra y ni siquiera alcanza para abastecer al 100% las ciudades con las que ha habido compromiso de iniciar operaciones, menos será para las regiones íntegras.

Las variables para ordenar lo ya otorgado y para las concesiones a otorgar son múltiples, sin embargo hasta el momento no escuchamos ningún planteamiento desde el MEM.