Pongamos coto a la estupidez: fortalezcamos la institucionalidad

Mg. Jorge Luis Martínez, autor de estas líneas

Los últimos diez días constituyen un intervalo de antología de la tan venida a menos política peruana. Grafiquemos. Para empezar, la captura del alcalde de Chilca, un burgomaestre elegido por elección popular, de quien ahora se sabe que pertenece a la organización criminal llamada “Los Rucos”. Una banda dedicada a la extorsión, tráfico de terrenos y homicidio. Y para terminar, la prisión preventiva ordenada en contra del Gobernador Regional del Callao. Dos escándalos que tienen como telón de fondo más de veinte alcaldes y ex alcaldes entre provinciales y distritales que han tenido y tienen que verse con la justicia. Una situación de la que no escapan los Gobernadores Regionales, pues son veinte dos las autoridades de este rango que se encuentran en problemas con problemas judiciales. Una serie de escándalos sin precedentes en la historia republicana, que se caracterizan por el hecho de que casi todos los casos de corrupción tienen un denominador común: las autoridades involucradas provienen de movimientos independientes.

Ante este hecho, no hay lugar a dudas que el fortalecimiento de los partidos y agrupaciones políticas es de urgente necesidad a fin de salir de la situación patética en la que se encuentra el sistema de partidos políticos en nuestro país. En aras de dejar atrás, a pesar del hecho de que la mayoría de los partido políticos atraviesa una fase de crisis, lo que nos enrostra el portal de Infogob. Una página web que nos informa que existen miles de movimientos políticos a lo largo y ancho de nuestro país (seguramente muchos de ellos, la mayor parte, desaparecidos luego de perder una elección). A lo que nos ha llevado un sistema de partidos políticos debilitados. Una situación que por sí sola nos indica la escarpada pendiente que hay proseguir. Algo que no es otra cosa que la reforma política orientada a fortalecer los partidos y las organizaciones políticas. Una reforma que contemple la eliminación del voto preferencial; un nocivo mecanismo que ha hecho gran mella en la participación política, prostituyéndola cual Mesalina en los tiempos romanos. Pues bajo este sistema el que, nada más, pero nada menos, “tiene más dinero ocupa los primeros lugares”. Una normativa que reforme lo concerniente a la financiación de estos partidos políticos a fin de evitar que dinero de procedencia ilegal financie estas agrupaciones. Una reforma que garantice la transparencia desde el momento mismo de las elecciones internas; momento en el que los partidos o agrupaciones políticas conforman la lista parlamentaria, regional y municipal, a fin de que los candidatos a estas elecciones internas muestren sus antecedentes penales, judiciales, policiales y hasta tributarios de miras a que puedan representar al partido o agrupación política en cuestión. Un filtro de la mayor importancia. 

Otra propuesta interesante e importante que en verdad merece la pena apoyar, e incluir en la reforma constitucional, es la que proviene del Ejecutivo. En esta se contempla el hecho de que las autoridades electas rindan cuentas ante el Primer Poder del Estado. Ya que así como fueron a sustentar su pliego presupuestario, también deben en ir en sus momento a explicar lo que hicieron con lo que solicitaron. Una iniciativa que hay apoyar más allá del hecho de que haya recibido el rechazo del presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, quien sostiene, intentando desacreditar la propuesta del Ejecutivo, que “Los municipios ya tienen las Oficinas de Control Interno y a la Contraloría. Si imponen esa media de qué autonomías estamos hablando para las regiones y los municipios. ¿Quién supervisa a los congresistas y ministros que manejan millones?”. Una posición, creemos, que no va a acorde con el sentir popular. Un primer obstáculo que hay superar, otros sin duda surgirán, a fin de fortalecer la institucionalidad en nuestro país. Una tarea de urgente ejecución. La hora de los hechos ha llegado.