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Miércoles 10 de mayo 2017

Estado peruano será el gran perdedor en caso Doe Run

¨El pago por demanda de empresa será superior en 700 millones de dólares de lo que se recaude por venta de activos¨, señala César Gutiéerrez
Estado peruano será el gran perdedor en caso Doe Run
Difusión

César Gutiérrez, autor de estas líneas

EL PAGO POR DEMANDA DE EMPRESA SERÁ SUPERIOR EN 700 MILLONES DE DÓLARES DE LO QUE SE RECAUDE POR VENTA DE ACTIVOS

Una carrera contra el tiempo es la que vive la liquidadora de Doe Run Perú SRL (DRP); la empresa Dirige, para vender los activos del Complejo Metalúrgico de la Oroya (CMLO) y la participación accionaria en la Unidad Minera Cobriza (UMC). Las últimas noticias que se tienen es que en julio próximo se efectuará una nueva subasta, después de los tres fracasados intentos realizados este año. Para este fin, los ejecutivos de los liquidadores han anunciado gestiones en Nueva York para encontrar inversionistas que se puedan interesar; acicateados por la decisión pública del gobierno de flexibilizar los estándares de calidad ambiental (ECA).

La premura se da porque en el próximo mes de agosto se vence el plazo para la venta como empresa en marcha,que se normó mediante la Ley 30502, que estableció una prórroga extraordinaria para la liquidación de empresas que se encuentren en procesos concursales. La ley en mención la promovió el Poder Ejecutivo, con el discurso público que no se harían cambios en los ECA, cosa que se sabía desde un inicio que era un imposible; hoy la mendacidad planificada sale a la luz.

Lo importante es saber ¿cuál será el beneficio o afectación al Estado peruano del desenlace de esta historia? Han pasado nueve tortuosos años para acreedores y la población de la ciudad de La Oroya, cuyos cerca de 15 mil habitantes dependen exclusivamente de la operación del CMLO.

El tema es complejo porque hay tres frentes de conflicto en simultáneo: el proceso concursal que se lleva en Indecopi, una potencial demanda del accionista principal de la empresa, The Renco Group Inc (RG) contra la República del Perú y  la demanda de 1,300 pobladores de La Oroya contra RG y relacionadas, donde el Estado Peruano puede terminar involucrado.

LA SUBASTA DE DRP SRL.

Desde mediados del año 2012, se ha pretendido liquidar en marcha la empresa DRP, que ingresó a proceso concursal en INDECOPI en agosto del año 2010. Tres empresas liquidadoras han intervenido: Right Business, Profit y Dirige, con un denominador común: fracaso en la venta y una causa de ello: ECA que no se pueden cumplir; mediante Decreto Supremo (DS-006-2013-MINAM) y Resolución Ministerial (RM-205-2013-MINAM) se encuentra establecido que las emisiones de Dióxido de Azufre (SO2) no deben exceder los 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3), diariamente.

El gobierno con bastante retraso, luego de tres frustradas subastas, a principios del pasado mes de abril, publicó la RM-94-2017-MINAM, plateando que las emisiones de SO2, podían llegar a ser 250 ug/m3 diarios, es decir un poco más del triple de la exigencia vigente. Esto cambia significativamente las expectativas de venta de DRP.

La liquidadora Dirige, luego de valorizaciones encargadas a terceros, ha establecido que el precio base de la subasta será de 271 millones  de dólares (MMUS$). Según las reglas de este proceso, se puede realizar hasta tres subastas con descuentos en el precio base de 15% cada vez, con lo que se puede llegar a un tercer intento de venta con un valor base de 72.25% del monto inicial, que en este caso significaría 196 MMUS$.

¿RECAUDACIÓN DE VENTA ALCANZARÁ PARA REMEDIAR SUELOS?

La cifra recaudada servirá para honrar las acreencias de: salarios y beneficios sociales de los trabajadores, proveedores de concentrados, multas por incumplimientos, Sunat y Ministerio de Energía y Minas (MEM) que en un acto muy discutible logró capitalizar la inversión pendiente por parte de DRP para cumplir con el Programa de Adecuación de Medio Ambiente (PAMA) ascendente a 163 MMUS$, que representa aproximadamente el 30% del total de las acreencias.

De venderse la empresa a la cifra base original, el MEM podrá disponer de tan solo 81 MMUS$ para efectuar los trabajos de remediación necesarios. Hay que tener en cuenta que la empresa estatal Activos Mineros SA (titular de las responsabilidades del estado en el tema), recibió informes de tres consultoras internacionales especializadas, que señalaron que en La Oroya existen 2,300 km2 contaminados (equivale al 86% de la extensión de Lima Metropolitana), y que la recuperación podrá realizarse en un período de 10 años. Habría que preguntarse si a precios actuales es posible acometer la tarea con la magra cifra que se puede recaudar.

LA POTENCIAL DEMANDA AL ESTADO PERUANO EN EL CIADI

El caso DRP se ha convertido desde el año 2008 en un tema muy discutible con reclamos de diversos frentes, el que mayor atención requiere desde el punto de vista gubernamental es la potencial demanda que puede hacer RG al Estado peruano.

No hay que confundirse con las publicaciones periodísticas completamente sesgadas que se hicieron a mediados de julio del año pasado por el saliente gobierno de Ollanta Humala, que dejaban entrever que se había ganado a RG la demanda que había interpuesto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en la sede París. La realidad es que el tribunal arbitral constituido, le dio la razón a nuestro país en cuanto a una excepción de jurisdicción planteada por los abogados y que significaba que no procedía el proceso, pues RG no había renunciado a su derecho de presentar demandas administrativas o judiciales en otras plazas, que es un requisito en este proceso. De allí la denominación de la resolución emitida por el tribunal, Laudo Parcial.

RG luego de la relajación de los ECA se ve fortalecido para presentar una nueva demanda ante el CIADI, con la pretensión que sea resarcida por lo menos con 800 MMUS$, tal como lo planteó en el 2011. Sus probabilidades de ganar en este nuevo contexto son altísimas.

DEMANDA EN SAN LUIS DE MISSOURI A RENCO GROUP PUEDE REVERTIRSE AL ESTADO PERUANO.

Como se ha mencionado inicialmente, RG y sus empresas relacionadas, han sido demandadas en la Corte de San Luis de Missouri, a través de estudios de abogados americanos, por el perjuicio causado a 1,300 habitantes de la ciudad de La Oroya. La demanda data del año 2008 y la probabilidad que los demandantes sean favorecidas son muy altas pues hay jurisprudencia.

El antecedente es un fallo favorable a este tipo de demandas se tiene en una sentencia también en la Corte de San Luis de Missouri, en julio del 2011. El demandado fue una empresa de la cual Doe Run Investment Holding Group, participaba en la operación de una fundición en el mismo estado. Los demandantes fueron 16 personas, que fueron beneficiados con un resarcimiento económico por 358.5 MMUS$, equivalente a 22.4 MMUS$ por afectado. Hoy se especula que las 1,300 denuncias podrían ameritar una sanción del orden de 29 mil MMUS$.  RG está haciendo el máximo esfuerzo de parapetarse atribuyendo responsabilidad al estado peruano.

POSIBLE CULMINACIÓN ONEROSA PARA EL ESTADO

Resumiendo, si se vendiese DRP al mejor precio, al MEM le corresponderá 81 MMUS$ que difícilmente cubrirá la remediación de los suelos de La Oroya, a la vez tenemos una alta probabilidad de perder en el CIADI una potencial demanda de RG por 800 MMUS$ y un riesgo de vernos involucrados por una sentencia desfavorable a RG en San Luis de Missouri, donde puede haber una sanción del orden de 29 mil MMUS$.

El escenario está planteado y le corresponderá al gobierno demostrarnos el beneficio-costo de las decisiones que está tomando, hay muchos millones de dólares en juego y muy poca información que muestre el panorama y el derrotero.

 

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