Blindaje ideológico

 

Mg Jorge Luis Martínez, autor de estas líneas

Han transcurrido casi seis meses desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasilera Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares a título de sobornos a funcionarios peruanos a fin de adjudicarse obras públicas entre los años 2005 y el 2014, y hasta el momento no han ido a prisión ni siquiera diez personas, entre ellas tan solo un viceministro. Ningún pez gordo. Lo que es peor aún, el hombre inmiscuido en el ignominioso caso Ecoteva, en el que fue tratado con mano de seda por la justicia peruana, el expresidente Alejando Toledo, está dándose la gran vida en EEUU, gracias al simple hecho de que alguien con mucho poder permitió su salida del territorio peruano poco días antes de que se diese a conocer la delación de Jorge Barata con respecto al expresidente hoy prófugo. 

Eso no es todo, hace cosa de un mes el juez de la Sala Penal Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno, entonces gobernador regional del Callao. El magistrado fue enfático: “Moreno ofreció a Odebrecht la buena pro de la vía Costa Verde, tramo Callao, a cambió de US$4 millones”. Y ahora, en el marco de la investigación del caso LavaJato que se lleva a cabo en Brasil, las autoridades subrayan las anotaciones en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (una tecnicismo para señalar el área de coimas de esa empresa), donde figura la denominación “concessão (concesión) Rutas de Lima”. La referida concesión aparece vinculada a la suma de US$291,700 y a alguien identificado con el código “Budian”. Las preguntas caen por su propio peso: ¿quién está detenido por esto?, ¿hay alguna investigación fiscal al respecto? No hay que hacer mucho esfuerzo para conocer la respuesta: ningún funcionario de la Municipalidad de Lima está investigado o detenido por esto.

Prosigamos. Viene de aparecer los audios del caso Madre Mía, el caso en el que se ni más ni menos el expresidente Humala como autor de asesinatos. Los testigos fueron comprados, tal como da fe el audio sobre la compra del mencionado testigo. En medio del tole tole que el audio ha suscitado, mientras unos dicen que ese caso es cosa juzgada y otros no, las organizaciones pro derechos humanos no se han pronunciado al respecto. Tremenda diferencia con el caso de El Frontón que se ha reabierto una vez más (hechos sucedido en junio de 1986) con un escándalo en el Tribunal Constitucional. Por ello no se dice nada. ¿Qué se puede pensar a partir de estos escandalosos casos? No tenemos derecho a pensar que existe una suerte de blindaje ideológico para proteger a algunos de los inmiscuidos en algunos de estos casos. 

Así las cosas, esperemos que la justicia peruana cambie de rumbo, y que no haya protección para nadie. El pueblo peruano está cansado de tanta impunidad. Esperamos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tome nota del clamor de la ciudadanía a fin de que evitar que nuestro país se convierta en un polvorín. El hartazgo tiene un límite.