Tiempo perdido, es la conclusión de lo realizado en el sector energético en la primera legislatura 2016-2017, que ya llegó a su término. Dos proyectos de ley estuvieron en debate (PL 621/2016 y PL 1174/2016), relacionados con la seguridad energética y la producción de electricidad en base a recursos energéticos renovables (RER). Ambos culminados en la hora undécima con un dictamen en la Comisión de Energía, bajo el pretencioso título de Ley de Seguridad Energética.
Plúmbica exposición de motivos, consultas institucionales por doquier y abundantes comentarios, para concluir en una propuesta a ser discutida por el Pleno de Legislativo, que contiene seis artículos declarativos y dándole al Ministerio de Energía y Minas, toda la discrecionalidad para decidir el porcentaje de participación de las RER en el consumo nacional y en decidir qué cantidad de cada tecnología someterá a subasta cuando crea conveniente. Una sola novedad, se reconocen tres bloques horarios para los cálculos tarifarios: diurno, nocturno y 24 horas del día, que reemplazarían a los dos existentes hoy en día: punta y fuera punta.
Como en todos los proyectos legislativos que tienen un correlato económico para empresas y consumidores, hay adeptos y opositores, me cuento entre los últimos. La propuesta no sirve a nadie, deja en manos del Ministro de turno hacer lo que crea más conveniente. Peligrosa decisión, pues se supone que una ley plantea una ruta de acción indiscutible y se deja el establecimiento de los mecanismos de implementación, para el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios correspondientes.
El tema central de definir el porcentaje de participación de las RER en el consumo nacional, debe tener una visión de largo plazo, basada en un Plan Energético Nacional con carácter vinculante. Para ello es indispensable que sea aprobada por ley, respaldada en estudios cuantitativos de carácter técnico y económico. El Plan elaborado el 2014 para el período 2014-20125 es buen referente.
Es urgente, que para la próxima discusión en el Pleno, se hagan aportes pues no podemos darnos el lujo que se apruebe esta propuesta, tan genérica y con otorgamiento de amplia discrecionalidad a un Ejecutivo signado por los favoritismos empresariales.