Replanteo de oferta eléctrica por retraso en gasoducto

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Han transcurrido cerca de siete meses desde que se dio por terminado el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y no hay avance alguno en la promesa gubernamental de licitarlo nuevamente. Es más, hay serios problemas con la legalidad de las medidas tomadas por el Ejecutivo para cerrar el caso con el concesionario, que han conllevado a que el administrador de los bienes, contratado por Osinergmin, aún no pueda tomar posesión de los mismos.

Si hacemos una línea de tiempo que defina fecha de inicio de operaciones del GSP, concluimos que en si las entidades estatales responsables trabajan de manera coordinada y sin errores, estaríamos hablando del año 2023: 6 meses para publicación de bases; 12 meses entre consultas, respuestas, modelo final de contrato, presentación de ofertas y firma de contrato y  a lo que hay que sumarle 48 meses de construcción, pues el avance físico del concesionario cesado fue del 10%.  Es decir, si hay algo seguro al respecto es que PPK no lo inaugurará.

El retraso en la construcción del GSP, devendrá en que en los 2,000 megavatios (MW) de generadoras duales (gas natural/ petróleo diésel 2) existentes entre las localidades de Mollendo e Ilo, que serán requeridos a despachar producción energía a partir del año 2020, tendrán que hacerlo a petróleo diésel 2 (D2), con el consiguiente sobrecosto.

Entre el 2020 y el 2022, será necesario tener oferta con precio menor al que corresponde a centrales que operan con D2 para no tener cambios traumáticos en el precio al consumidor. El perfil de la oferta tendrá que ser de continuidad en el despacho y capaz de atender requerimientos de capacidad en cualquier momento, de manera que pueda abastecer la demanda ante eventualidades no consideradas en la reserva actual, como la salida de servicio del poliducto Camisea-Lima.

En el contexto reseñado, las unidades que cumplen el perfil  o serán hidroeléctricas que califiquen como de recursos energéticos renovables (RER), es decir de hasta 20 MW de capacidad o geotérmicas, que es una de las tecnologías aún no convocadas en las cuatro subastas realizadas y que ya existe más de una empresa que está en condiciones de participar. El análisis y la decisión están en el despacho de Energía y Minas.