Jueves 18 de abril 2024 | Contáctenos
César Guiérrez, autor de estas líneas
La iniciativa privada intenta cubrir falta de políticas estatales
En los últimos nueve años el crecimiento de la demanda nacional de gas licuado de petróleo ha sido significativo, 93% es la cifra acumulada. En este período no ha habido política gubernamental que garantice que el suministro de gas licuado de petróleo (GLP) sea sostenible en condiciones de competencia y eficiente en cuanto a costos de transporte y almacenamiento.
EL FISE Y EL SISE
Se hizo esfuerzo importante en el abril del 2012 mediante una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, que devino en la Ley 29852, conocida en el sector energético como Ley de FISE y SISE.
En la ley en mención se dio origen a dos fondos, el primero que correspondía al Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y el segundo al Fondo de Inclusión Social Energética (FISE)
Los recursos para el SISE, se previeron que provendrían de un cargo sobre el transporte por ductos de derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural (LGN). Bajo este concepto el principal contribuyente del fondo era la recaudación del transporte de LGN producidos en los lotes 88,56 y 57, conducidos a la costa por el poliducto que se inicia en Malvinas (región Cusco) y culmina en la provincia de Pisco (región Ica). También estaba considerado el cobro en el poliducto redundante, entre la Planta de Separación de Malvinas y el denominado “Punto de Conexión”, a ser ubicado entre el kilómetro progresivo 75 a 90, paralelo al poliducto existente y que correspondía al “Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (GSP).
El FISE, se recauda con un cargo del orden del 2% de la facturación de venta mensual de electricidad, de los denominados Clientes Libres, que incluye obligatoriamente a los consumidores de más de 2.5 Megavatios (MW) y opcionalmente para los usuarios de más 0.2 y de hasta 2.5 MW.
El SISE se ha venido recaudando, con interrupción desde Febrero de este año de la cuota proveniente del GSP, que se hacía con cargo a los consumidores, suspendida por la demagógica Ley 30543, dictada por el Congreso de la República. Sin embargo lo recaudado no ha tenido mayor efecto sobre el fin para el que están destinados los fondos, que es la inversión en ductos y almacenamiento de LNG, que en términos prácticos corresponderían al GLP.
Por su lado la recaudación del FISE; si ha cumplido su rol, permitir el acceso al GLP entre otros a pobladores de zonas pobres, con el beneficio de un precio preferencial con descuento de 16 soles por cada balón de 10 Kg de peso. Se han identificado 1.52 millones de beneficiarios y es innegable que ha sido un factor de inclusión social.
NO SE HA TOMADO MEDIDA ALGUNA SOBRE LA PRODUCCIÓN DECLINANTE EN POZOS PRODUCTORES.
Pero este no es el único aspecto sobre el cual se debería evaluar la gestión sobre el GLP; pues hay dos hechos importantes que se han experimentado y que no se ha visto mayor acción gubernamental; por un lado la producción declinante de los pozos productores y de otro la ausencia de un crecimiento de la capacidad de almacenamiento acorde con el incremento en la demanda del mercado local
LA DECLINACIÓN DE LOS POZOS PRODUCTORES
El principal abastecimiento del mercado interno ha provenido de los lotes productores de la selva sur: 88, 56 y 57; los cuales cubren el 86% de la demanda interna y tienen un componente de exportación.
El lote 88 ha venido suministrando GLP desde el año 2004 hasta la fecha y ha empezado en una etapa declinante de la producción de LGN de los cuales el 50% corresponde a GLP. La caída ha sido de 62.8 miles de barriles diarios en el año 2013 a 49.9 MBD en el 2017; nada menos que 21% de disminución
El lote 56 inició producción en el 2008 y ha decaído de 38.2 MBD en el 2013 a 31. 0 MBD; lo que ha significado 19% de reducción.
El lote 57 que viene suministrando GLP desde el año 2014, ha venido incrementado su producción, de 4.4 MBD iniciales a 11.1 MBD este año. Sin embargo esto no ha sido suficiente para atender el consumo creciente. Lo gestionado en los lotes 88, 56 y 57 más lo que suministran los lotes existentes en la región Piura y el producto obtenido en las refinerías de Talara (Petroperu) y La Pampilla (Repsol), no cubren la demanda de 58.0 MBD, que obliga a una importación que equivale a 4.8 MBD
EL ALMACENAMIENTO ES INSUFICIENTE.
De otro lado el almacenamiento no experimentó incremento significativo, lo que ha derivado en el incumplimiento de los 15 días que normativamente se exige a las gestoras de Plantas de Abastecimiento. Hoy se dispone de 468.6 miles de barriles (MB) de capacidad, siendo la necesidad de 870.0 MB. Esto significa que en valores agregados a nivel nacional solo se cuenta con 1.86 días. Situación alarmante, ante una demanda creciente que con las proyecciones correlacionadas con el incremento del PBI del BCR, implicarían que el 2021 se tenga un consumo de 74.0 MBD, que obligarían a disponer de 1.11 millones de barriles (MMB) de almacenamiento. Lamentablemente, más allá de algunos anuncios de agentes privados de mercado, que aún no están con construcción iniciada, no se ve ninguna iniciativa gubernamental para cubrir la carencia. Petroperu tiene alquilado un almacenamiento en un buque anclado frente al puerto del Callao, cuya capacidad es de 45 MB, que se debe considerar tan solo un paliativo transitorio
INICIATIVAS A DESARROLLAR.
Antes que nada debemos partir que el mercado deberá ser regido por la oferta y demanda, lo cual no significa que el gobierno debe dejarlo al libre interés de los agentes; tiene que hacer un rol rector en dos ámbitos: producción y almacenamiento.
En la producción está en la obligación en negociar con los titulares de los contratos de licencia de explotación, condiciones para que hagan labores exploratorias de manera tal que se identifiquen nuevos pozos que atenúen o superen la declinación que se está experimentando. Los contratos originales no establecen exigencias, pero es hora que se pueda renegociar pues está el interés nacional de por medio. No se trata de imponer cambios traumáticos, pero siempre hay formas de crear condiciones atractivas para ambas partes, estado y productor.
En cuanto al almacenamiento, es imprescindible que desde el Ministerio de Energía y Minas se proponga una Asociación Pública Privada (APP), a través de Proinversión, para la construcción de almacenamiento por parte de una empresa que no sea agente productor o suministrador del mercado, para que no se creen condiciones de limitaciones de acceso al mercado o lesivas a la libre competencia.
Una condición sine qua non para la construcción de almacenamientos tiene que ser la descentralización, pues hoy la distribución nacional está centralizada en la región Callao: Ilo o Mollendo y Lambayeque o La Libertad deben ser tomadas en cuenta; eso solo será posible si se toman decisiones de orientación de inversión desde el Estado.
Cargando...