Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
César Gutiérrez, autor de estas líneas
La polémica de la fijación del precio de los combustibles por parte de Petroperu recién se inicia, irá “in crescendo” a medida que se siga actualizando el monto de la inversión del Proyecto de Modernización de Refinería Talara, que se pagará con los ingresos provenientes de la venta de sus productos refinados.
En la discusión hay dos vertientes. La primera, es la validez del precio de referencia calculado semanalmente por Osinergmin y que es cuestionado por los funcionarios de la petrolera estatal. Este tema se tendrá que zanjar en el frente interno. La segunda es a nivel internacional y es la denuncia del periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio Valencia, donde el asunto de fondo es la sobrevaluación del precio de venta del crudo ecuatoriano, denominado Oriente, en las ventas a Petroperu.
Las denuncias sin ninguna duda llegarán a las más altas instancias de los tribunales ecuatorianos, dado el encono de Villavicencio con la administración del ex Presidente Rafael Correa. Si bien es cierto no hace acusaciones explícitas a funcionarios peruanos, es pertinente deslindar, pues si la acusación es por sobrevaluación, el perjuicio no es solo a las arcas de la ecuatoriana Petroecuador sino también para Petroperu. Hay que ser plenamente conscientes que se pueda terminar enredado en tribunales de nuestro vecino del norte.
El principal argumento del señalamiento, es la triangulación de traders en los crudos adquiridos por Petrochina International a Petroecuador, para ser vendidos a Perú. El vehículo utilizado sería la sobrevaluación del precio del flete, que según el cálculo del denunciante alcanzó un valor promedio ponderado de 3.28 US$/barril. Si se revisan los documentos únicos administrativos (DUA) peruanos, de todos los embarques de importaciones de Petroperu, particularizando las que señalan como origen Balao y Esmeraldas en Ecuador, el costo de transporte ha oscilado entre 1.1 a 2.1 US$/barril. En conclusión, el argumento del flete no es válido en Perú.
La Contraloría General de la República tiene que exigirle a Petroperu, que se publique en su portal la información de cada uno de los procesos de compra de crudo, para no estar inmerso en denuncias en tribunales internacionales.
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