Dos orillas distintas

Mg Jorge Luis Martínez, autor de estas líneas

En julio del 2013 la Policía Federal de Brasil lanzó la señal de alerta. Sus servicios habían lanzado una investigación sobre empresas de lavandería y estaciones de servicio. Estas, a decir de los investigadores, fueron usadas por cambistas para lavar dinero. Es allí donde apareció un hombre clave: Alberto Youssef.  Han pasado cerca de cuatro años y a la fecha, en Brasil, más de ciento veinte y cinco personas han sido condenadas. Muchos de ellos son empresarios multimillonarios y políticos. A la justicia del coloso sudamericano no le tembló la mano. No hubo presión que impidió que la justicia brasileña siguiera su curso.

En el Perú, lo de los aproximadamente 400 millones de dólares que a título de sobornos la multinacional Odebrecht vertió en países latinoamericanos nos llegó a través de lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ventiló. Lo mismo sucedió con lo de los 29 millones que tuvieron como destino nuestro país durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). De esto ha pasado cerca de un año y, tal como se puede ver, poco se ha hecho para combatir con todo el peso de la ley a esta empresa corrupta. Es cierto que ha habido detenidos, que hay un ex presidente fugado (¡una sospechosa fuga!) y otro detenido. Sin embargo, hasta el día de hoy no se conoce el acuerdo al que llegó la Fiscalía de la Nación con la empresa brasilera.

Así las cosas, cuesta entender, a pesar de que la Procuraduría General de la Republica de Brasil hizo llegar el pasado 1ero de junio a la Fiscalía de la Nación peruana la relación de personas involucradas (es decir los que recibieron una coima), por qué no hay a la fecha otro detenido más. ¿Por qué? Acaso se espera que fuguen del país. Esto no puede suscitar otro sentimiento que no sea la indignación. Sobre todo ahora que un medio extranjero ha hecho conocer el nombre de otro implicado: el de uno de los colaboradores de la ex alcaldesa. No cabe duda que si el involucrado sería de otra tienda política otro trato le correspondería y el escándalo mediático sería de envergadura. Por el contrario, se opta por callar o por el perfil bajo. 

Lo que cabe esperar a estas alturas de los encargados de velar por los intereses del Perú, apelando al buen sentido de la justicia que se debe hacer gala en un estado de derecho, es que las declaraciones del empresario brasileño sean públicas, en aras de la transparencia. Algo que en Brasil funcionó. Una estrategia que tuvo como eje una investigación seria (aún no finaliza). Producto de ello siguieron los juicios y las condenas. ¡Claro!, Brasil cuenta con un juez como Sergio Moro, verdadero adalid en la lucha contra la corrupción. En nuestro país, como vemos, es muy distinto. Lamentable, sí, pero cierto. Nos encontramos, no quepa duda, en la otra orilla.