Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
El reciente despliegue periodístico sobre el cierre de operaciones de la Refinería Pucallpa, decisión tomada por el operador Maple Gas Corporation Sucursal Perú SRL, motivada por carencia de insumos, que en su totalidad son adquiridos por Petroperu, propietario y arrendatario de la mencionada refinería; ha sido tomada por los funcionarios de la petrolera estatal como una disputa en el ámbito empresarial con dos empresas privadas de por medio: Aguaytía Energy del Perú SRL, hoy en manos del grupo privado Orazul Energy Perú SA y la hispano árabe Cepsa.
El tema va más allá de este hecho coyuntural, de imprevisibles consecuencias; refleja el desdén a la Ley de Promoción de la Amazonía (Ley 27037), publicada en diciembre de 1998, dos meses después de la firma del Acta de Brasilia, con la cual se selló la paz entre Perú y Ecuador. El gobierno fujimorista de ese entonces, buscó mediante esta norma dar un impulso a la Amazonía, en un momento que los ánimos estaban caldeados en la región Loreto, con gran protagonismo del Frente Patriótico, por la entrega como presea al Ecuador, del enclave de Tiwinza en pleno territorio de la selva peruana.
La ley manifiesta que tiene como objeto el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía (artículo 1) y establece como principio de promoción el uso racional de los recursos naturales, materiales, tecnológicos y culturales (artículo 4). Obviamente que con lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años, no se está cumpliendo con la norma, más bien lo que impera es la Ley de la Selva, el más fuerte se impone.
No es uso racional de los recursos naturales, el tener refinería en Pucallpa, e insumos suficientes en las provincia ucayalina de Padre Abad y en la vecina provincia huanuqeña de Puerto Inca y vender a nivel ex planta, la gasolina de 90 octanos, y el Diesel 2B5; 11% y 7%, respectivamente, más elevados que en el Callao. Hay de por medio los costos de fletes fluviales y terrestre en una operación cuya racionalidad económica Petroperu no la explica.
El rol del estado es encontrar una solución a este impase, que devendrá en cese colectivo de trabajadores, uno de los puntos de los 66 que plantean los ciudadanos de la región Ucayali, con un estallido social en ciernes.
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