La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se resiste a colaborar en el esclarecimiento del caso de corrupción detectado en el proyecto de instalación de un Centro de Convenciones en Lima, cuyo costo total es de 535 millones de soles, de los cuales más de 4 millones fueron cobrados por la citada institución internacional para hacerse cargo de la licitación que ganó la empresa brasileña OAS.
Así lo denunció la presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria denominada Lava Jato, congresista Rosa María Bartra (FP), al inicio de la sesión de hoy y ante la inasistencia del presidente del Comité de Evaluación y concesión de Licitaciones, Edgar Cornejo Cornejo, funcionario de la OIM.
La legisladora de La Libertad aseveró que era inaceptable que la OIM y sus funcionarios continúen amparándose en los privilegios e inmunidades que les fueron conferidos por los tres tratados suscritos con nuestro país, para continuar negándose a brindar información sobre los proyectos en los que han participado y a permitir que se ejerza cualquier tipo de control y fiscalización sobre los mismos.
Señaló que estos privilegios e inmunidades le son atribuibles siempre que se encuentre cumpliendo las competencias propias del organismo internacional, por lo que no le deberían ser aplicables cuando desarrollan las funciones del Estado por encargo o delegación (asistencia técnica), como es el caso particular.
En ese sentido, consideró Bartra, la negativa de Wilfredo Cornejo en asistir a la sesión ordinaria de la comisión denota una total intolerancia y desdén hacia nuestras normas, principalmente al principio de transparencia y al acceso a la información pública, más aun cuando la OIM durante la dirección de los procesos de selección mostró el mismo comportamiento, amparándose siempre.
La presidenta de la Comisión Lava Jato resaltó que si bien desde el año 2014 se viene gestando un marco normativo que permite efectuar una mejor fiscalización sobre los convenios suscritos con los organismos internacionales, esto resulta ser insuficiente ya que no puede iniciársele a los funcionarios de los mismos cualquier tipo de procedimientos ni ser sancionados, debido a la existencia de estos tratados internacionales que los dotan de inmunidad.
Dijo que ello genera que continúen brindando “asistencia técnica” en nuestro país como si fueran operadores privados, pero con más beneficios que estos ya que de encontrarse vinculados a algún acto de corrupción no operan sobre ellos las leyes peruanas y son eximidos de cualquier tipo de responsabilidad.
“La Comisión Investigadora Multipartidaria que busca esclarecer los casos de corrupción en los que participaron constructoras brasileñas, hará todos los esfuerzos nacionales e internacionales vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que participaron con asistencia técnica y en el manejo de las licitaciones, se amparen en privilegios e inmunidades para evitar dar cuenta sobre sus responsabilidades”, expresó.
Rosa Bartra adelantó que en la próxima sesión la comisión indagadora adoptará determinadas medidas para contrarrestar esta clase de irregularidades que afectan al país.
A la sesión asistió Claudia Salaverry Hernández, directora nacional del proyecto.