Facultades, ¿otra vez?

Mg Jorge Luis Martinez, autor de estas líneas

Una vez más, en el marco de la presentación del Gabinete Villanueva, el Ejecutivo solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades. Cabe reiterar, no es la primera ocasión que esto sucede. Ya en el 2016, Fernando Zavala, entonces cabeza del gabinete ministerial, sometió a consideración del Pleno el pedido; la respuesta, hoy parte de nuestra historia, fue de delegación de facultades por ciento veinte días. “Esto permitirá cumplir de inmediato los compromisos que presentamos al Pleno el día que nos otorgaron la investidura. Todas las medidas que proponemos son necesarias para hacer realidad nuestro sueño de un país moderno y más igual”, diría luego Fernando Zavala. La consecuencia, no está demás mencionarlas, fue el incremento de la pobreza, el aumento del gasto corriente, una economía enfriada y miles de puestos de trabajo perdidos. Poco menos de dos años después, otro gabinete del mismo gobierno que regía desde el Ejecutivo los destinos de nuestro país cuando Fernando Zavala era Premier, tal como se puede ver, solicita lo mismo. Nada más, pero nada menos. 

Dicho esto, corresponde señalar que cuando un partido político asume la conducción de un gobierno tiene que ejecutar su Plan de Gobierno. Una serie de medidas, en principio concatenadas, que incluye entre otros una serie de proyectos legislativos diseñados de miras a poder caminar desde el momento mismo de la asunción de mando; desde un inicio, y no noventa o ciento veinte días después de la presentación del gabinete en cuestión ante el Pleno del Congreso de la República. Una práctica a la que en nuestro país de un buen tiempo a esta parte nos hemos simple y llanamente acostumbrado. Algo que, por el bien del país, debería dejar su lugar a una presentación de los proyectos del Gabinete, haciendo uso de las instancias que corresponden en el Ejecutivo, a fin de que los mismos sean debatidos como es debido en el seno del primer poder del Estado. Es lo que amerita hacer en nombre de la transparencia y la eficiencia de toda gestión gubernamental que se desea de calidad.

Urge pues, hacemos hincapié, cambiar la esencia de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué no cambiar de metodología? Por qué no dirigirse hacia el Pleno, proyectos bajo el brazo, a fin de discutirlos y por qué no mejorarlos. ¿Acaso nuestro país no saldría ganando? Claro que sí. Dejemos atrás de una vez por todas lo de la delegación de facultades; el escenario de gobierno, la historia así lo muestra, en la que los susodichos decretos comienzan a ser emitidos por el empoderado Ejecutivo en el curso de la última semana del periodo de delegación de las facultades. Algo que, en verdad, no resulta nada serio y deja mal parado ante la opinión pública al gobierno de turno. Un hecho que de repetirse en esta ocasión atentaría contra la ejecución de tareas de perentoria realización como son la reconstrucción del norte, la tan esperada dinamización de la economía y el combate frontal contra la delincuencia y la corrupción endémica. 

A poco más de tres años del final del periodo presidencial del señor Martín Vizcarra,  el pueblo peruano espera que se pongan en marcha los correctivos necesarios en lo que respecta a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La reversión del estado de nuestra economía así lo exige, al igual que el respeto a la hora de hacer uso de cada sol que se encuentra en las arcas del Estado a fin de que no se malgaste el dinero de todos los peruanos en publicidad estatal, viajes al exterior, que poco o nada de beneficio le aporta a nuestro país. No es el momento señor Martín Vizcarra de solicitar facultades a fin de relanzar la tributación en nuestro país. Mediando para esto el incremento de los impuestos y la reducción de las exoneraciones (algo sobre lo que no estamos de plano en desacuerdo); cambiando, no cabe duda, las reglas de juego. Háganos pensar señor Martín Vizcarra que en nuestro país podemos dar muestras de mayor seriedad a la hora de gobernar.