César Gutiérrez, autor de estas líneas
Meses de reiteración desde Pucallpa de un potencial despido masivo de trabajadores, no menos de 100 pudiendo llegar a 200 según refieren en la zona; por la paralización de la operación de Refinería Pucallpa (RP), de propiedad de Petroperu (PP), arrendada a Maple Gas Corporation Sucursal Perú SA (MGCP), en un contrato al que todavía le quedan 6 años de vigencia.
Lamentablemente en Lima, de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo no ha habido interés alguno en los 20 meses de PPKausismo. Se espera que en esta nueva etapa de gobierno, donde el Presidente de la República y su Premier, han anunciado que las provincias serán escuchadas, se tomen decisiones sobre el particular, las que deberán realizarse con celeridad, pues estamos a menos de un mes que el cese colectivo que se encuentra en proceso se convierta en realidad
La anterior presidencia de PP, con una ligereza que solo puede ser consecuencia del desconocimiento, llegó a afirmar el Congreso de la República, que la RP no tenía sentido económico de existencia. La refinería tiene una capacidad de producción del orden de 3.0 miles de barriles diarios, que calza perfectamente con la producción del lote 131, operado por la hispano-árabe Cepsa; a cerca de 100 km de distancia de ella. Con ese volumen es posible abastecer en su totalidad la demanda de la región Ucayali.
Desde PP, en su inexplicable irracionalidad, dan por descontado el cierre de definitivo de operaciones de la RP, dado que ellos adquieren todo el crudo producido por Cepsa y lo transporta 1,100 Km por vía fluvial hasta la Refinería Iquitos (RI). Pero no solo eso, también adquieren toda la producción de condensados de gas natural, que extrae la empresa Aguaytía Energy Sucursal del Perú SA, en la misma región Ucayali, la que transportan 758 Km vía terrestre, hasta la ciudad de Lima.
En este orden de ideas es importante plantearse escenarios ante un posible cierre de la RP.
¿RECUPERARÁ PETROPERU EL CONTROL DE RP DESPUÉS DEL CIERRE?
La respuesta es un categórico “no”, pues es obvio que el arrendatario, MGCP, tiene fundadas razones para argumentar en un proceso arbitral que estando al día en el pago del arriendo de RP, han tenido que paralizar porque su arrendador los dejó sin insumos para producir, al cerrar un acuerdo con Cepsa donde abundan conjeturas, que pueden argumentarse.
En el proceso arbitral, MGCP, lleva las de ganar. PP intentará usar el argumento que ya ha mencionado en público: “que no se ha honrado en el contrato el compromiso de habilitarle un almacenamiento de 88 mil barriles (MB)”. Han lanzado inclusive la advertencia de solicitar un arbitraje sobre el caso, cosa que no han hecho. La razón es muy simple, el contrato señala que si no hay acuerdo en el lapso de dos años, los que ya vencieron en marzo del 2016, la obligación se pierde y es justamente lo que ha ocurrido. Así que no veo que otra cosa podrá alegar la petrolera estatal.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS TRABAJADORES DE RP SI CIERRA DEFINITIVAMENTE?
Ya he argumentado que el cierre no significará que PP tome el control de RP, pues habrá arbitraje de por medio, que fácilmente demorará dos años por lo menos. Eso significa que los trabajadores comprendidos en el cese colectivo en marcha, quedarán desempleados. No se dará un ingreso a la planilla del propietario de la refinería, hecho que muchos asumían que ocurriría. Pasarán a engrosar la masa de desempleados de este país, con muy pocas posibilidades de reinserción laboral, dado que la experiencia que tienen es de especialidad en refinación, rubro donde ya no hay plazas disponibles.
¿CÓMO PODRÁ DARSE UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA?
La iniciativa por el lado de PP para solucionar el problema es nula. Los encargados de la gestión gerencial son los mismos que han tomado la decisión materia de discusión. Entonces lo que queda es una orden desde la Junta General de Accionistas (JGA), donde el Ministro de Energía y Minas. Francisco Ísmodes la preside y el Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, forma parte de ella. Para llegar a esta decisión es vital que el tema sea discutido en Consejo de Ministros, correspondiendo al Premier César Villanueva ponerlo en agenda, esperando un rol activo del Ministro de Trabajo, Christian Sánchez.
Se trata de llamar al orden a los funcionarios de PP, a través de JGA, ante la inminencia de un estallido social en la región Ucayali, olvidada desde siempre y que este tema se convertirá en bandera de lucha de una agenda de múltiples postraciones de larga data.
No debe haber mayor instrucción que dejen a productor (Cepsa) y operador (MGCP), negociar entre sí. Teniendo inclusive la alternativa que PP siga comprando crudo a Cepsa y encargar la producción de combustibles a RP. Eso implicará una menor producción en RI, que permitirá la disponibilidad de menor cantidad de petróleos residuales, que tienen un precio de venta por debajo del costo del insumo.
Hoy la responsabilidad cae en su totalidad en el Presidente del Consejo de Ministros, hombre de Amazonía que conoce las carencias de sus habitantes.