Sábado 27 de abril 2024 | Contáctenos
César Gutiérrez, autor de estas líneas
Al término del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), el 23.01.2017, por no haberse concretado el cierre financiero, el gobierno de PPK tendría que haber tenido clara la decisión que se tomaría respecto a los bienes registrados a nombre del concesionario.
Debería haber definido si debería reconocer los activos referidos. A tan solo ocho días del término del contrato se emitió el Decreto de Urgencia (DU) 001-2017, en el cual se refiere a preservar los bienes, a una próxima transferencia al sector privado y ordena a Osinergmin a contratar un administrador de los mismos.
La decisión tomada, reforzaba el “hecho de importancia” enviado por Graña y Montero SAA a la Supervisora del Mercado de Valores (SMV), el 24.01.2017, donde afirmaba que con la recaudación mínima de la venta de bienes, cubriría el 95% de lo invertido en el GSP. Esta comunicación paralizó la caída de la cotización de su acción que el día de la terminación del contrato había descendido 36 % respeto al máximo valor registrado el 02.01.2017. No solo eso, originó que la cotización se recuperase en un 18% respecto al día anterior.
Durante la gestión de Cayetana Aljovín en el Ministerio de Energía y Minas, los diarios dieron cuenta que el Estado desconocería el valor de los activos, por haber sido adquiridos antes del cierre financiero. Esto motivó que uno de los socios del concesionario, la española Enagas, haya iniciado un proceso contra el Estado, en la Dirección General de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, con miras a ir a un arbitraje en el CIADI, al que debería ser elevado en este mes.
Las cosas se complican más aún, el contrato de la empresa administradora, Estudios Técnicos SAS, que le ha significado al Estado un costo de 46.9 millones de dólares (MMUS$), finalizó el 10 de los corrientes. Corresponderá al gobierno decidir por la renovación del mismo. De hacerlo, se reforzará la posición del concesionario, pues sería la confirmación que el Estado reconoce que tiene a su cargo los bienes de la concesión, lo que significaría que el laudo del CIADI tenga grandes probabilidades que salga en desmedro nuestro, con una cuantía del orden de 2,700 MMUS$. La dupla Villanueva-Vizcarra tiene la decisión.
Cargando...