Diez años de incumplimiento de ley de renovables

Dos gestiones gubernamentales han omitido exprofesamente el cumplimiento del mandato obligatorio del DL 1002, conocido como “Ley de promoción de la Inversión en generación eléctrica con recursos energéticos renovables”, publicada en mayo del 2008.

Esta norma en su artículo 2, establece que cada 5 años el Ministerio de Energía y Minas (MEM) establecerá el porcentaje de participación que deberá tener la generación con recursos energéticos renovables (RER) en el consumo nacional.

El último incumplimiento se ha producido el pasado mes de mayo, en un momento que los diversos agentes del mercado de las RER han venido reclamando reformas en la legislación y la convocatoria de una subasta para el presente año. Sobre este último punto, el titular de la cartera del MEM, hace dos semanas manifestó que no habrá subasta en el corto plazo, afirmación que amerita minucioso análisis y debate.

En cuanto al porcentaje de participación referido, el Ministro lo ha obviado. Mucho discurso gubernamental de compromiso con el medio ambiente, gases de efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático;  que no se condice con la práctica.

Los elementos de juicio para definir en cuanto deben incidir las RER en el consumo nacional, están disponibles. En primer lugar, estamos hablando de todas las tecnologías, exceptuando hidroeléctricas. En segundo término, hay predisposición inversora para todas las RER: biomasa, eólica, solar y geotermia.

 En ese contexto lo que quedaría absolver son dos inquietudes: ¿qué capacidad de RER puede absorber el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional sin que la estabilidad se altere? ¿Cómo se cubre la demanda de potencia horaria apoyándose en la generación hidroetérmica?

En cuanto al impacto tarifario, a estas alturas ya no debería haber preocupación alguna, dado los bajos precios de las RER, con lo que ya estarían expeditas para competir en las licitaciones de suministro convocadas por las distribuidoras. Obviamente será necesario hacer modificaciones legislativas, lo cual deberá ser un hecho posterior.

Corresponde al Congreso de la República, hacer el control político del incumplimiento ministerial, ante la ausencia de pronunciamiento de la Contraloría, lo cual se ha vuelto una costumbre.