Ciadi decidirá pago billonario por gasoducto sur peruano

Lo que era una realidad manejada silentemente por el gobierno, se convirtió en hecho público internacional, la española Enagas SA, socia al 25% de la concesionaria Consorcio Gasoducto Sur Peruana SA (GSP), demandó al Estado Peruano, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por el pago de su participación en el valor contable neto de los bienes (VCNB) de la truncada obra.

Compatibilizando cifras con los hechos de importancia reportados por Graña y Montero SA (G&M), a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la expectativa del GSP es que la cuantía del VCNB ascienda a 2,700 millones de dólares (MMUS$), de los que corresponderían 55% a Odebrecht Latinvest SA, 25% a Enagas SA y 20% a G&M.

El gobierno tiene el deber de aclarar la posición que llevará al CIADI a nombre del Estado, dado que cuando se emita el laudo arbitral, tendremos un nuevo gobierno, que heredará este potencial pasivo.

Las probabilidades que el demandante gane el proceso es altísima, pues las decisiones del gobierno de Peruanos por el Cambio (PPK), han sido contradictorias. Emitió en Enero 2017, un Decreto de Urgencia (DU-001-2017), autorizando a Osinergmin la contratación de un “administrador de los bienes hasta su transferencia al sector privado”. Es decir, hay un reconocimiento del Estado que los bienes tienen un valor que será cancelado por un adquiriente. El contrato de administración culminó el pasado 10 de junio y el gobierno emitió un Decreto Supremo (DS-125-2018-EF), autorizando una transferencia para continuar con el pago al administrador. Es clarísima la ratificación de la posición gubernamental inicial.

El año pasado, la empresa administradora, Estudios Técnicos SAS, percibió por su gestión la suma de 46.9 MMUS$ y para la prórroga, la autorización de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas asciende a 59.7 MMUS$. En total ya se ha dispuesto del 41% de la carta fianza de 262 MMUS$ ejecutada al Consorcio GSP. La pregunta es ¿si el gobierno reconoce que tiene a cargo los bienes y que éstos serán transferidos a terceros por qué nos ha expuesto a un arbitraje internacional si ni siquiera ha contratado la valorización de los mismos, paso previo para transferirlos?