La Comisión

Martín Vizcarra necesita el proyecto de reforma del sistema de justicia para este 28 de julio. Una propuesta que en puridad debería incluir no solo los cambios en el Poder Judicial también en el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura ya que se habla de sistema y además, como propone García Toma, en instituciones auxiliares como el INPE y las procuradurías.

Tarea fundamental y enorme, la más difícil de toda la historia republicana porque la crisis de la justicia peruana está hiperdetectada y diagnosticada y no ha hecho sino empeorar en especial después del cinco de abril de 1992 durante  los años noventa cuando alcanzó su peor momento al servicio del súper asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Alberto Fujimori prometió entonces un nuevo sistema de justicia y solo tuvimos más y peor con la red de jueces y fiscales leales a la dupla gobernantes que constituyeron una mafia de magistrados provisionales que defendieron su estabilidad laboral desde la obsecuencia y la aceptación de toda corrupción.

Después del gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua la urgencia de la reforma judicial se hizo más que evidente. Hugo Sivina, presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial en el 2003, y actual integrante de la Comisión nombrada por Vizcarra, convocó al Acuerdo Nacional por la Justicia con un Grupo Impulsor en el que participamos honrosamente junto a Marcial Rubio, Diego García Sayán y Augusto Ferrero. Nuestra propuesta fue presentada al Acuerdo Nacional después de recoger recomendaciones y sugerencias en audiencias por todo el país. Simultáneamente la CERIAJUS presentó su trabajo con proyectos de leyes ante el Congreso que nunca merecieron aprobación. Simplemente faltó la voluntad política de transformación. Así de difícil fue y es la tarea para los notables que la asumen.

La Comisión tendrá amplio material precedente pero su evaluación no debería ser ni rápida ni ligera. El tema es arduo y exigente aunque políticamente se exijan respuestas inmediatas. El intercambio de información sobre lo ya avanzado -en iniciativas propias y académicas- será lo primero y lo segundo coordinar certeramente con el Legislativo para que ese trabajo rinda frutos y no se quede en el camino.

Estamos hablando de un trabajo amplio y fundamental de los notables que integran la Comisión. Ellos deberían poder contar con la colaboración de las instituciones involucradas a sabiendas que albergan trabajadores y funcionarios en todos los niveles que rechazan o temen al cambio o simplemente han hecho de la crisis un mecanismo de supervivencia. Será positiva entonces la propia Comisión que Duberlí Rodríguez, actual Presidente del Poder Judicial, ha decidido formar bajo su conducción para la contribución y la interlocución autorizada y organizada.

Y además, en simultáneo a la Comisión de notables, está la exigencia ciudadana de  sanción sin dilaciones a los actuales involucrados en los audios, jueces y miembros del Consejo nacional de la Magistratura. Las calles gritan su desafuero y están calentando indignación para demandas que irán en aumento.

El contexto de la presión social y el escándalo no es el mejor para la reflexión de una Comisión que deberá ser exitosa. Ojalá lo sea, lo peor sería un nuevo fracaso en un campo tan sensible como la justicia lesionada por el cáncer de la corrupción.