Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
Dos semanas de intensa fustigación mediática del sistema judicial peruano, con una mirada sobre las autoridades que despachan desde Lima, visión parcial de un problema nacional. Es indispensable que se empiece a evaluar también lo que ocurre con los miembros de la judicatura en las regiones, donde se ventilan temas empresariales de impactos económicos millonarios, y con trascendencia nacional.
Un primer referente debe ser el juicio que ha llevado a cabo en dos instancias, Juzgado Civil Transitorio de Talara y Sala Civil de la Corte Superior de Sullana, retornado nuevamente a Talara por decisión de vocales de Sullana.
El caso consiste en la restitución del derecho de ser concesionario de distribución de gas natural en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, región Piura, a la empresa Gastalsa; declarado en caducidad en el año 2009 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que conllevó a una judicialización en el 2011.
Gastalsa, obtuvo una resolución favorable del Juzgado de Talara, en marzo del año pasado, motivando que el MEM apelase inmediatamente a la Corte Superior de Sullana. Hay dos temas que seguir con prolijidad: la resolución de la Sala de Sullana que ha devuelto en junio pasado, el caso a Talara y la actuación que corresponderá de inmediato al Juez de esta ciudad.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), debe analizar la decisión de los vocales de Sullana que han incluido como parte del proceso a dos empresas más: Enel Generación Piura SA, de capitales italianos y Gasnorp, de propiedad de la colombiana Promigas. Hay fundamento para afirmar que existe legislación que garantiza que no se afectará el interés de la primera y que la segunda no tiene derecho adquirido.
En este maremágnum judicial, la Oficina de Control Institucional del MEM y la Contraloría General de la República, también ha contribuido a las suspicacias. Ante un requerimiento para que se pronuncie sobre la validez del proceso seguido por Gasnorp para obtener la concesión a pesar que ya había un proceso judicial en curso, ha contestado sin rigurosidad alguna, con una laxitud sorprendente. Corresponderá al Congreso efectuar el control de su accionar lento y laxo. Los tiempos exigen severidad.
Cargando...