César Gutiérrez, autor de estas líneas
Han transcurrido 15 años desde que se promulgó la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, donde se planteaba explícitamente como objetivo: “…fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo, disminuir la contaminación ambiental y ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas”.
Se puso principal énfasis en el suministro de biodiesel, pues el petróleo diesel es el combustible de mayor uso en el mercado, más del 50% del total de la demanda nacional de combustibles líquidos. Adicionalmente en la selva peruana hay extensas áreas deforestadas, que pueden ser utilizadas en el cultivo de palma aceitera, generando inclusión social en el campo y una oportunidad para el agricultor para no se vea en la necesidad de cultivar coca que abastezca al narcotráfico.
La realidad ha estado y está en las antípodas, el abastecimiento se ha realizado y realiza eminentemente con biodiesel importado, con prácticas donde ha campeado el dumping y por parte de la estatal Petroperu, sin transparencia alguna, ante vista y paciencia de una Contraloría General de la República (CGR) y del Órgano de Control Institucional (OCI), quienes no han atinado a hacer observación alguna. Manifiesto incumplimiento de funciones.
LA DEMANDA DE BIODIESEL SEGUIRÁ INCREMENTÁNDOSE
El consumo del petróleo diesel mezclado con biodiesel al 5% del volumen, se ha incrementado en el período en el período 2011-2017, a razón de 2.9% anual, llegando el año pasado a 115.44 miles de barriles diarios (MBD). Al cierre del 2017 el diesel representó el 59% del volumen total nacional vendido de combustibles líquidos (sin incluir GLP).
La variación de la demanda es muy sensible al comportamiento del PBI. Por cada punto porcentual de cambio en las variaciones anuales del PBI, el consumo difiere en 11.0 MBD, que significa 200 mil barriles (MB) anuales de Biodiesel, que a un precio medio de 100 US$/barril, implican 20 millones de dólares anuales.
Los agentes económicos, tienen la expectativa que el PBI crezca este año 3.8% y el próximo 4.0%, cifras muy auspiciosas frente a la magra cifra de 2.5% del año pasado. Por tanto habrá mayor volumen de diesel y consiguiente de biodiesel. Lamentablemente para los empresarios peruanos que están en rubro: palmicultores, productores y comercializadores; no les significará rédito alguno con la política de omisión del gobierno, de ocultismo de Petroperu y de indolencia de la CGR.
EL DUMPING PODRÍA SEGUIR CAMPEANDO
Los gobiernos de los países productores tienen políticas de subsidios sobre la producción de biodiesel, las que son usadas por los traders para colocar el producto a precios con los cuales ninguna empresa local puede competir.
Este hecho es conocido a nivel internacional desde hace bastante tiempo y desde el Estado peruano, Indecopi, encargado de velar por la libre competencia, no ha realizado ningún estudio exantes, para que los principales compradores; Refinería La Pampilla SA (Relapasa) y Petroperu, estuvieran en alerta y no realizaran adquisiciones de orígenes donde la práctica del subsidio es conocida, como es el caso de Estados Unidos (USA) y Argentina, que forman parte del grupo selecto de los 5 primeros países del ranking mundial de producción.
En ese contexto, en el período 2009-2017 fueron los americanos que en primer término gobernaron el mercado peruano, para luego ceder la posta a los argentinos. En ambos casos fue necesario demandar ante Indecopi, prácticas de dumping. Los últimos resultados se han dado hace menos de un mes para el biodiesel argentino, habiéndose establecido “derechos compensatorios y antidumping”.
Nueve años en que el empresario local ha venido lidiando con el dumping, y hoy está en tela de juicio el producto proveniente de Indonesia, que forma parte del grupo de los 5 principales productores mundiales. Como se ha venido manejando el tema, ante una demanda, tendrían que esperar 4 años hasta que Indecopi resuelva en última instancia. Mientras tanto, a mantener la empresa asumiendo costos, sin ninguna expectativa de venta.
PETROPERU PONE SU CUOTA CONTRA LA INDUSTRIA NACIONAL CON MIRADA COMPLACIENTE DE LA CONTRALORÍA
Se ha institucionalizado en la petrolera estatal que los concursos de compra de petróleo crudo y biocombustibles, se haga en círculo cerrado. No hay información pública alguna sobre las convocatorias, los participantes, los resultados y la valoración que permitió definir al proveedor.
Se entiende que deben participar empresas que dispongan el producto en el volumen y con la calidad exigida, con la solvencia económica para atender un requerimiento y confiable en la atención en la fecha comprometida. Las reglas deben ser válidas para todos, los productores locales no merecen privilegio alguno, la Ley de los Biocombustibles es clara: la competencia prevalece. Cosa que no se puede practicar sino se publica la información referida.
Así, se producen hechos de difícil explicación: alta probabilidad que en el 2017 se haya adquirido todo el volumen a un solo proveedor, la empresa Gunvor, con severos cuestionamientos en Ecuador o compras semestrales a una sola empresa como la adquisición de este año a BP Houston.
Comienzan a circular versiones de relacionamientos familiares entre compradores y vendedores. Como una vez más repito, para la OCI y la CGR, increíblemente no hay duda alguna que amerite investigación.
Ante todo esto, el Premier Villanueva, ya que el mandatario Vizcarra anda de paseíllos proselitistas, debería responder ¿quién en el Ejecutivo hace el control del cumplimiento de las leyes?