El antejuicio de Hinostroza

María del Pilar Tello, autora de estas líneas

Los jueces y fiscales supremos tienen derecho al antejuicio, que les garantiza justicia como a otras autoridades principales del Poder Ejecutivo y en especial del Poder Judicial cuando incurren en ilicitudes. El Congreso les levanta la inmunidad a fin de que sean juzgados en los tribunales como todo ciudadano. Ello supone examinar la autonomía de los altos funcionarios, del rol de la seguridad jurídica y del Estado de derecho.

La corrupción impide los recursos suficientes para alimentar a la gente que pasa hambre, para los servicios de salud pública, para las obras esenciales que se dejan de financiar pues las coimas encarecen los proyectos de interés público. Se afirma que en el Perú el promedio anual de dinero desviado o mal asignado equivaldría al 30 o 40% del Presupuesto, algo cercano al 3 o 4% del PBI en nuestra historia republicana.

La corrupción es un delito de delitos, causa daño social por desconfianza y lesiona la legitimidad de las autoridades y de la misma democracia. Más aún cuando se trata de un juez supremo llamado a garantizar esos derechos.

El caso de César Hinostroza es uno de los más sensibles por su investidura y por lo que sabemos que sabe. Y porque el fujimorismo pretendió blindarlo en el antejuicio para que no fuera destituido aunque debieron ceder a la presión social y mediática. Publicada la resolución en El Peruano el Congreso no culminó el procedimiento pues el expediente no fue enviado al Ministerio Público para que ordenara la prisión preliminar o la preventiva dado que la prohibición de salida ya existía, aunque extrañamente no figuraba en las alertas de Migraciones. Un conjunto de complicidades violatorias de la seguridad jurídica. Felicitaciones por la rápida captura de Hinostroza en Madrid a través de la Interpol pero ella no subsana la cadena de  irresponsabilidades que debe ser investigada y sancionada.