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Lunes 10 de junio 2019

Después de la tormenta nunca llega la calma

Por: Fernando Valdivia Correa
Después de la tormenta nunca llega la calma
Foto: Difusion

 

El viejo y conocido refrán “Después de la tormenta siempre viene la calma” parece no aplicar a nuestra realidad política. Recientemente el Congreso de la República aprobó la Cuestión de Confianza planteada por el gobierno sobre proyectos de reforma (Cambios en la inmunidad parlamentaria, modificando el Artículo 93° de la Constitución; Impedimentos para ser Congresistas a aquellas personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos, modificando el Artículo 34° de la Carta Política; Sobre democracia interna de las agrupaciones políticas, modificando articulados de la Ley de Organizaciones Políticas; Sobre inscripción de organizaciones políticas, modificando articulados de la Ley de Organizaciones Políticas; Sobre la paridad en la lista de candidatos y eliminación del voto preferencial, modificando articulados de la Ley Orgánica de Elecciones; y Sobre la tipificación de delitos de financiamiento, modificando articulados de la Ley de Organizaciones Políticas e incorporando artículos al Código Penal) [1] que serán analizados y debatidos -primero- por la Comisión de Constitución y luego debatidos y aprobados (o no) por el Pleno del Congreso, que entrarán en vigencia recién en el 2021.

Más allá de las bondades y/o beneficios que conllevan las propuestas alcanzadas por el Ejecutivo (discusiones a favor o en contra hay en abundancia y no es materia del presente artículo), lo cierto es que nada de ello soluciona los graves problemas que viene atravesando el país.

Empecemos con el inicio de la era Vizcarra. Desde que el Congreso aceptó la renuncia del entonces Presidente de la República del señor Pedro Pablo Kucynski (23 de marzo de 2018 según consta de la Resolución Legislativa 008-2017-2018-CR), Martín Vizcarra, en su Mensaje a la Nación de investidura, prometió -entre otros- el respeto al equilibrio de poderes [2].

Sin embargo, en el decurso del tiempo el señor Presidente ha denotado ciertas actitudes que pareciera que tal promesa ha quedado en eso: SOLO PROMESA. En su discurso del 28 de julio pasado se dirigió al Parlamento para comunicar enfáticamente a la nación sobre la propuesta de referéndum que tratase -entre otros- sobre la NO reelección de los Congresistas. Luego, en el mes de diciembre, y a través de una mediática campaña publicitaria dirigida por el propio gobierno se obtuvo un resultado aplastantemente favorable a los intereses del mismo señor Presidente (Votaron por el Sí a: Creación de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura), regulación del financiamiento de las organizaciones políticas; prohibición de la reelección inmediata de Congresistas; y No al retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República) [3].

A partir de ahí (sino antes), el señor Presidente optó por una tensa relación con el Congreso, en particular con las dos fuerzas políticas (Fuerza Popular y el APRA) llegando a los niveles de crispación política que hoy todos vemos y conocemos. Situación que permanece y que no estamos seguros por cuánto tiempo más. Cierto es que el primer Poder del Estado, desde el inicio de este gobierno (28 de julio de 2016) y con su amplia mayoría, resultó ser -en principio- más una fuerza demoledora y hasta iracunda (Vg. Interpelaciones y amenazas de censuras por doquier a Ministros), para luego convertirse en un grupo aún mayoritario (Ojo, 53 Congresistas no es poco) sin mayor respaldo popular y sin articulación interna (Vg. Los votos divididos en el último Pleno así lo demuestran).

En esa misma línea, el señor Presidente decidió por la politización de la justicia (aunque otros lo denomina judicialización de la política), entendiéndose ello en sus tres subniveles de coordinación (Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial). El primero de ellos, con la creación y puesta en marcha al interior de la PNP de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), que si bien se le reconoce haber participado en mega operativos contra la criminalidad organizada (Vg. los Piratas del Norte, el Clan Orellana, los Malditos de Santa Rosa, entre otros) [4], también ha recibido severos cuestionamientos por la mediática exposición de su accionar (el más recordado y sentido fue el allanamiento a la casa del extinto Presidente Alan García) [5] y de sus integrantes (testigos todos del faltamiento de respeto a la investidura del Parlamento por parte de sus integrantes al mando del Coronel Harvey Colchado) [6] [7]. Aunado a ello, la resaltante y (ahora) creciente preocupación por las declaraciones del Ministro del Interior Carlos Morán admitiendo que el pasado 18 de mayo inauguró una nueva sede central de equipos de interceptación telefónica (Chuponeo!!!!!, sí señores) en las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas que serán utilizados por la Dirección Nacional de Inteligencia, garantizando (felizmente para nuestra tranquilidad) que los mismos serán puestos en funcionamiento siempre que medie autorización judicial [8] (suena familiar, verdad?). En lo segundo, al interior del Ministerio Público la situación no anda mejor que digamos. Un Fiscal de la Nación (sigue siendo Fiscal Supremo el señor Pedro Chávarry) obligado a renunciar por las constantes e inquietantes amenazas de destitución del cargo (hasta hoy en día), con una nueva Fiscal de la Nación (señora Zoraida Ávalos) sin mayor protagonismo (entiéndase cambios) permitiendo que el dúo dinámico Vela-Pérez y las siempre presentes Sánchez-Castro (del Callao) opinen antojadizamente sobre asuntos en lo que legalmente debe entenderse como proscrito, incluyendo las alevosas afrentas al superior al pedir la destitución del señor Chávarry Vallejos [9] así como la inhibición (apartamiento) del Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza y del Juez Supremo Aldo Figueroa Navarro [10], esto último en evidente interferencia en otro Poder del Estado (Poder Judicial). Solo por curiosidad (y quizá de alguna ilustración) la Ley de la Carrera Fiscal, Ley N° 30483, en su Artículo 47° refiere que son faltas graves de los Fiscales, entre otras, los Numerales 5) Admitir o formular recomendaciones en investigaciones fiscales o procesos judiciales, 6) No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva, 7) Incurrir en conducta y trato manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo, y 19) Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de una investigación o proceso en curso; y en su Artículo 48° como faltas muy graves, entre otras, Numeral 6) Interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal. Y, en el caso del Poder Judicial, el permanente ejercicio abusivo de las figuras jurídicas de alcance excepcional como son la detención preliminar y prisión preventiva [11] contra personajes políticos considerados -en muchos casos- incómodos al gobierno. Cabe precisar que estas medidas provisionales han sido dictadas sin acusación fiscal, vulnerándose con ello el principio constitucional de la presunción de inocencia.

De esto último, no debemos pasar por alto la precaria imagen internacional que mostramos al tener sentados en el banquillo de los acusados (y en varios casos presos o punto de estarlo como lo explicaremos seguidamente) a figuras políticas ampliamente conocidas. Así, los ex-Presidentes Alberto Fujimori (de regreso a prisión luego de revocársele el indulto presidencial otorgado por PPK), Alejandro Toledo (pendiente su extradición desde los E.E.U.U), Ollanta Humala, incluyendo su esposa Nadine Heredia (con habeas corpus a su favor otorgado por el Tribunal Constitucional recién ambos recuperaron su libertad, aunque aún afrontan procesos judiciales), PPK (primero con orden judicial de prisión preventiva por 36 meses, variado luego, por problemas delicados de salud, a detención domiciliaria) y Alan García (el suicidio evitó la detención preliminar dictada y -peor aún ejecutada- de manera muy poco profesional por la comentada DIVIAC) [12]. Ironías de la vida (y no sería para nada extraño) que a este ritmo el señor General (r) Francisco Morales Bermúdez sea citado a declarar y hasta se le requiera y aplique algunas de estas referidas figuras jurídicas (alguien recordó al no menos conocido Plan Cóndor?). Aunado a ello, resulta el caso de la ex-candidata presidencial y lideresa del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori quien cumple prisión preventiva por 36 meses, luego que la Sala Superior revocara la orden de detención preliminar en su contra, sin siquiera haber sido vez alguna autoridad pública con manejos de fondos públicos.

En sentido contrario advertimos la penosa lenidad de nuestra justicia al afrontar casos de corrupción de personajes ligados al actual establishment, siendo el más emblemático de la señora Susana Villarán, ex-alcaldesa de Lima, que luego de varios y tardíos meses de investigación fiscal recientemente el dúo dinámico Vela-Pérez se animaron a solicitar prisión preventiva. Como diría en su momento el Mariscal Benavides “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

Lógico, y no está demás recordarlo, todo ello animada por la gran trascendencia y cobertura mediática de algunos medios de comunicación afines (desde que luego que altruistamente) al señor Presidente.

A todo esto, una pregunta que cae de maduro: ¿Qué logros y/o resultados ha mostrado el señor Presidente a la fecha?. Antes de ensayar respuesta alguna, analicemos la coyuntura actual del país en los frentes interno y externo. En el primero, existe una creciente sensación de un sector de la población que el gobierno (específicamente el señor Presidente) pretende copar -sino todos- gran parte de los sectores estratégicos, vale decir, romper con el equilibrio de poderes que debe primar en todo estado de derecho [13]. Asimismo, el incremento de la ola delincuencial [14] (asaltos, sicariato, cobros de cupos, violencia en general, incluyendo esto último feminicidios), descuido (por no decir abandono) de las poblaciones vulnerables [15] [16] (niñez, mujeres adolescentes embarazadas, adulto mayor), déficit de profesionales de la salud [17], incluyendo la salud mental [18] [19], incremento de la adicción a las drogas [20], disminución de la inversión pública en lo que va del año en 6.6% [21], etc.

A nivel internacional, en febrero de este año, OXFAM publicó el Informe "Brechas latentes: índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018" [22], basándose en cuatro ejes: Justicia Tributaria; Inversión en las personas; Empleo digno; Derechos económicos de las mujeres; y Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales. El autor de este informe, Armando Mendoza Nava, señala que "El Perú del presente no es un país significativamente más justo y equitativo. Las viejas exclusiones y barreras en gran medida siguen en pie y el contexto actual es menos favorable para seguir avanzando contra la desigualdad. Difícilmente volveremos a tener una oportunidad como la que dejamos pasar durante los años de alto crecimiento económico. Ahora el desafío es preservar lo ya avanzado y reactivar la lucha contra la desigualdad en sus diversas dimensiones”, concluyéndose que con ello nuestro país se alejó del objetivo de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2021.

 

Asimismo, en el Ranking de Competitividad Mundial 2019, elaborado por el Institute for Management Development (IMD) y CENTRUM PUCP [23], el Perú experimentó un nuevo retroceso en competitividad ubicándose en la posición 55 de 63 países; es decir, un puesto menos respecto al año pasado, basándose en los siguientes cuatro pilares: Desempeño económico; Eficiencia de gobierno; Eficiencia de negocios, e Infraestructura. Al respecto, se manifiesta que nuestro país “…..(Sic)…., disminuyó en puntaje debido al bajo desempeño en finanzas públicas, inadecuadas políticas fiscales, ineficiente legislación de negocios, bajos indicadores en el mercado laboral, bajo nivel del sector financiero, pocas prácticas gerenciales, baja inversión en salud y ambiente, en educación, además por el poco avance en infraestructura básica y científica”.

Simplemente no se precisa mayor comentario.

Retomando la pegunta ¿Qué logros y/o resultados ha mostrado el señor Presidente a la fecha?, considero más bien que la respuesta que el mismo Mandatario deberá encontrar, previamente pasa por reconocer el irrestricto respeto a la institucionalidad presidencial; ergo, más allá de la forma accidental que le tocó asumir la primera magistratura del país, el señor Martín Vizcarra debe saber que nos gobierna a TODOS los peruanos, sin excepción alguna, procurando con eficiencia y responsabilidad llevar diligentemente el gobierno hasta el 28 de julio de 2021.

Entendido ello, el señor Presidente comprenderá que en DEMOCRACIA (más aún representativa como la nuestra) debe primar -además el irrestricto respeto- la tolerancia hacia las decisiones que adopten las demás instituciones, TODAS, ídem sin excepción alguna. Esto garantiza dos cosas: Primero, un equilibrio de poderes (check and balances), básico y primordial en un estado de derecho; y segundo, la protección de los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. No más confrontación política, toda vez que -refiriéndome al Parlamento- estas 130 personas fueron electas democráticamente, incluyendo sus tendencias políticas (lo cual es bienvenido porque es el foro ideal para discutir, deliberar y adoptar acuerdos políticos, y no en vano se le denominado el Primer Poder del Estado), para representarnos a TODOS los peruanos [24].

Además el señor Presidente entenderá la importancia de la independencia de la función jurisdiccional, incluyendo al Ministerio Público; vale decir, la no intromisión en las decisiones fiscales y jurisdiccionales, por más tremebundas que le pareciera.

En esa misma línea, establecer reglas claras de políticas de gobierno en materias de educación (dejemos de lado el tan mentado enfoque de género), salud (incluyendo salud mental), ocupacional (mayor generación de puestos de trabajo), poblaciones vulnerables (niñez con incidencia en desnutrición, adolescencia haciendo hincapié en estado de gestión, adultos mayores en desamparo), reactivación económica (no solo el control de la inflación, sino que además generar inversión pública y privada), etc.

En resumen, es necesario que el señor Presidente se convierta en el gobernante dialogante y tolerante, toda vez que PERSONIFICA A LA NACIÓN, siendo su deber ponerlo en práctica, y el nuestro recordárselo las veces que sean necesarias.

Fernando Valdivia Correa

Abogado

Cel. 945680439

http://fernandovaldiviacorrea.blogspot.com/

http://www.linkedin.com/pub/fernando-carlos-vinicio-valdivia-correa/5a/79b/a5b

Email: fvaldiviacorrea@hotmail.com

Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional

Egresado de la Maestría en Comportamiento Organizacional y de Recursos Humanos

Amicus Plato, sed plus magis amica est veritas

 

 



[1]   Diario El Comercio: REFORMA POLÍTICA: ESTOS SON LOS SEIS PROYECTOS QUE EL EJECUTIVO PRIORIZA. Léase: https://elcomercio.pe/politica/cuestion-confianza-reforma-politica-son-seis-proyectos-ejecutivo-prioriza-noticia-ecpm-641676.

[2]   Radio Programas del Perú: PRIMER DISCURSO DE MARTÍN VIZCARRA COMO PRESIDENTE DEL PERÚ. Léase: https://rpp.pe/politica/gobierno/martin-vizcarra-este-fue-su-primer-discurso-al-asumir-la-presidencia-de-la-republica-noticia-1112285.

[3]   Diario El Comercio: REFERÉNDUM 2018: ASÍ VAN LOS RESULTADOS DE LA ONPE. Léase: https://elcomercio.pe/politica/referendum-2018-resultados-oficiales-onpe-noticia-586165.

[7]   Como bien anota el analista político Fernando Rospigliosi “Setiembre de 2018: como Chávarry no hizo caso, Colchado declaró públicamente contra él al portal Convoca.Pe: “No es que Chávarry haya estado metido de lleno en la organización criminal, pero sí se prestaba (a las acciones de esa red); es un ‘Cuello Blanco’”. Hay que recordar que un oficial en actividad no puede hacer manifestaciones públicas de ese tipo y si las hace es pasible de una sanción, pero Colchado quedó impune”, en http://politico.pe/rospi-marca-la-agenda-seis-revelaciones-de-su-ultima-investigacion-para-politico-pe/.

[15]  CADA DÍA QUEDAN EMBARAZADAS 4 ADOLESCENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL PERU. Léase: https://peru21.pe/peru/inei-dia-quedan-embarazadas-4-adolescentes-menores-15-anos-peru-411389.

[16]  DESNUTRICIÓN CRÓNICA AFECTÓ AL 12,2% DE LA POBLACIÓN MENOR DE CINCO AÑOS DE EDAD En El Año 2018. Léase: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/desnutricion-cronica-afecto-al-122-de-la-poblacion-menor-de-cinco-anos-de-edad-en-el-ano-2018-11370/.

[19]  A pesar que con fecha 23 de mayo de 2019 se publicó en El Peruano Ley N°30947, Ley de Salud Mental.

[20]  RT Actualidad publicó el documental “EN PERÚ EL CAMINO A LA ADICCIÓN ES CEMENTERIO, HOSPITAL O MANICOMIO” Léase: https://actualidad.rt.com/programas/rt_reporta/317280-peru-camino-adiccion-cementerio-hospital.

[24]  Ob. Cit. “En suma, no se trata de desconocer las atribuciones de cada poder del Estado; por el contrario, vivir en democracia significa respetar y hacer respetar las Instituciones Públicas del país; sin embargo, dicho respeto debe estar en correspondencia con la protección de los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros frente a arbitrariedades cometidas por terceros, incluyendo -como lo hemos señalado- del propio Estado”.

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